Fernandez va por la legalización del aborto en Argentina y pretende neutralizar a los provida


El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo prometió en campaña y ahora lo ratificó: entregará al Congreso un proyecto que legalice el aborto en todo el país.

"Voy a enviar al Congreso una ley que termine con la penalización y que permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública", declaró, este 5 de febrero durante una conferencia impartida en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences ).

“No vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer que tiene que realizarse un aborto y no tiene la posibilidad económica termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando”, dijo. Según él se trata de un asunto de salud pública.

Será la primera vez que un gobierno mande una norma propia sobre el aborto al Legislativo.

El mandatario va a resucitar la intensa discusión que Argentina vivió en 2018, cuando el país se polarizó entre 'verdes' y 'celestes', y un proyecto de liberalización del asesinato de bebés obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, pero fue derrotado en el Senado.

Fernández hará el anuncio del envío de la iniciativa al Congreso el próximo 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias.

Las declaraciones del presidente acontecen durante una gira por Europa y apenas cinco días después un encuentro de 40 minutos con el Papa Francisco en el Vaticano; donde, según un comunicado de la Santa Sede, entre otros asuntos, se trató el tema de "la protección a la vida desde su concepción". Sin embargo, ese miso día, en rueda de prensa, el presidente argentino negó categóricamente que ese asunto hubiera sido tratado con el Pontífice.

La Iglesia responde con una misa masiva

La Iglesia Católica en Argentina dio una respuesta inmediata al presidente y su iniciativa abortista. A través de la Conferencia Episcopal convocó una misa en la Basílica de Luján el próximo 8 de marzo.

"En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto de legalización del aborto, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina invita a todos los obispos a concelebrar en la misa que tendrá lugar en la Basílica de Lujan, el domingo 8 de marzo a las 11 horas, para pedir por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural", dice un breve comunicado difundido el 5 de febrero.

Los prelados esperan que la concurrencia sea multitudinaria.

En ese mismo santuario, el 8 de diciembre, los obispos argentinos convocaron la 'Misa de la Unidad' que reunió, a la víspera de asumir el gobierno, a Fernández y a Mauricio Macri. Era un acto que pretendía sanar la división del país, luego de las elecciones. Políticamente, quién capitalizó el gesto fue el ahora mandatario que responde con una iniciativa legal que hiere frontalmente a los cristianos y que polarizará de nuevo al país.

La tentativa de neutralizar a los provida

Según Fernández, el abordaje de su gobierno al tema del aborto será "integral": legalizará el aborto y habrá medidas de 'contención' para las mujeres que quieran abortar y apoyo si deciden tener al bebé.

De entrada, el abordaje del gobierno parece un gesto de abertura a los provida - ¿una bandera blanca con el fusil en la mano? - que dota de 'racionalidad' al proyecto.

Sin embargo, es también - o sobre todo - una forma de neutralizar a este sector que paró a la 'horda verde' en Senado en 2018.

El lema de los 'celestes' es 'salvemos las dos vidas' y ese abordaje les ayudó a mudar el eje del debate, a evidenciar la unilateralidad de las 'verdes' y a ganar parlamentarios y espacio significativo en la opinión pública.

El doble abordaje del gobierno en su iniciativa parece responder - de forma burda - a ese lema para 'desmontarlo'. El mandatario y sus ministros -así como los parlamentarios que le apoyen - no podrán ser acusados tan frontal y llanamente de abortistas.

Además parece ser una tentativa de ganar adeptos entre los parlamentarios. La idea del cuerpo redactor es mantener los consensos logrados en el 2018, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, integrando una política de "maternidad sustentable" que contemplaría la asistencia del Estado a mujeres con embarazos no esperados, especialmente entre aquellas de menor nivel socioeconómico.

Integraría también un proceso que integre medidas de 'contención' para que la mujer no aborte.

Esto puede ganarles el respaldo de legisladores que criticaban la despenalización del aborto ante la falta de políticas públicas de apoyo a las mujeres embarazadas o de aquellos que simplemente no se atrevían a ser identificados como abortistas dado la radicalidad de la ley que recibió la media sanción.

Agora tendrán una propuesta más 'razonable'. Si es bien manejada, podría incluso dividir a los provida. Y quienes se le opongan será fácilmente calificados como radicales.

La encargada de la redacción del o de los proyectos - podría se uno contemplando los dos aspectos o dos diferentes caminando en paralelo - es Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, histórica militante abortista y quien impulsó, hace más de diez años, la ley del matrimonio igualitario.

Con ella trabajan el Ministerio de Salud, de Ginés González García, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de Elizabeth Gómez Alcorta y el Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo.

Algunos medios de comunicación, que citan como fuentes el entorno de Ibarra, aseguran que el texto propondrá la legalización - no mera despenalización - del abortar hasta la semana 14, aunque está en discusión si bajarlo a 12, con la excepción de los casos previstos en el Código Penal (riesgo la vida o la salud de la madre, o en caso de violación), que permiten llevar a cabo la práctica más allá de este plazo.

Sea como sea, el proceso será largo y desatará de nuevo una guerra. Y el gobierno lo sabe.

[ d'Vox ]

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