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Chile: la capitulación

16.11.2019

 

En un Chile convulsionado por una ola de violencia política, este viernes 15 tuvo lugar un pacto inédito en la historia del país - el "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución" -, suscrito por 11 fuerzas políticas de izquierda a derecha y con el respaldo del Gobierno, quedando fuera el Partido Comunista.

 

El acuerdo consagra la apertura a un proceso constituyente, que parte en abril de 2020 con un plebiscito para escoger 'sí' o 'no' al cambio de Constitución; si vota 'sí', el elector podrá escoger entre una Convención Mixta con 50% parlamentarios y 50% ciudadanos, y otra Convención Constituyente con 100% ciudadanos. Las elecciones a delegados serán en octubre de 2020 (junto con las elecciones municipales) y el plebiscito ratificatorio en noviembre de 2021 (junto con las elecciones presidenciales). Este último plebiscito tendrá voto obligatorio.

 

A primera vista puede resultar alentador que, después de una parálisis institucional de casi un mes, fuerzas políticas tan diversas lleguen a acuerdo. Este pacto asegura, entre otros puntos, que, en la Convención que se elija, toda decisión será adoptada por 2/3 de sus miembros. La derecha impuso este punto como intransable (después de transarlo todo) y se felicitó por lograrlo; pero al recordarle la izquierda que esos 2/3 operarán sobre una "hoja en blanco" - si no hay acuerdo en la futura Convención sobre una materia, esta será regulada por ley -, esa "victoria" es relativa. Una ley establecerá las reglas de esa Convención.

 

Más allá de esos aspectos, este acuerdo trae dos consecuencias de enorme calado y gravedad: representa es un salto al vacío y, a la vez, es una cesión al chantaje de la subversión.

 

 

El pacto pluripartidista supone un salto al vacío respecto de la Constitución actual, la norma jurídica fundante de la era de mayor paz social, estabilidad política y desarrollo económico que hayamos tenido en Chile, no comparable a ningún otro país de América Latina. Objetivamente no había necesidad de cambiarla, sin perjuicio de su perfeccionamiento; pero la izquierda siempre quiso derogarla. La Constitución vigente, que entró a regir en 1981, encarna una filosofía de signo conservador y humanista cristiano, que asume como suyos los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, en especial el principio de subsidiariedad, dando gran apertura a la iniciativa privada. La izquierda por mucho tiempo se ha opuesto a ello, como al hecho de que esta Carta Fundamental fuera creada por el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990), omitiendo las más de doscientas modificaciones que en democracia ha tenido el texto, esfuerzos que hoy vuelven a foja cero. Este proceso solo prolongará la incertidumbre, en especial en materia económica.

 

Por otra parte, no se puede omitir que este acuerdo nace al calor de una insurrección bien orquestada, que ha tenido por objeto desestabilizar al país, y que ya se sabe coordinada desde Caracas y La Habana. Y la izquierda, que como hemos dicho siempre quiso cambiar la Constitución, aprovechó esto para exigirlo, y de paso oponiéndose a las medidas del Gobierno para restaurar el orden público. Por tanto este 'Acuerdo' tiene el desagradable sabor de la cesión ante el chantaje, legitimándose la violencia como método de acción política. El Gobierno y los partidos de derecha tienen gran responsabilidad en sucumbir a la presión de los violentistas y de la izquierda movilizada en la calle, fracasando así en la defensa del orden institucional. Sobra decir que este acuerdo no es garantía por sí solo del restablecimiento del orden público, como algunos creen; continúan los disturbios, aunque en menor intensidad. El Partido Comunista, que se restó del pacto, se inventó un motivo para seguir agitando la calle, y así lo continúan haciendo.

 

De este "Acuerdo por la Paz" están por verse sus frutos. Pero ya este proceso constituyente se revela como resultado del chantaje de la subversión, lo que debilita a la democracia y las instituciones y ensombrece la perspectiva de una convivencia en paz. En suma, una capitulación.

 

[ D'Vox ]

 

Benjamín Lagos es abogado y vive en Santiago.

 

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