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Análisis del proyecto de regulación del aborto en Colombia

26.10.2019

 

El Ministerio de Salud presentó el borrador de resolución para una regulación del aborto en el país en función de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional.

 

El texto de 121 contiene dispositivos inaceptables. Es muy grave que diga cosas como estas:

 

Que el no realizar abortos se constituye en un "acto cruel" contra la persona gestante: este es  el mundo al revés, lo cruel es el asesinato de un bebe por nacer, la eliminación de un inocente y la destrucción psicológica que generan las graves secuelas de este acto en las mujeres que son sometidas al procedimiento.

 

En la sección 4.1 se dice que con fundamento en la dignidad de la persona humana gestante esta tiene derecho a decidir sobre su vida. Estamos de acuerdo. Pero esta dignidad le impide decidir sobre la vida de otra persona, le impide destruir otra vida, decidir si una vida que no es la suya debe acabar.

 

El apartado 4.2 indica que los abortos se podrán realizar en menores de edad sin el consentimiento o conocimiento de los padres de la menor. Esta es una grave violación del derecho de patria potestad de los papas, y esto no es posible tolerarlo, la menor puede ser víctima de presiones a las que solo los padres pueden hacer frente. Es increíble que para dar una aspirina en el colegio este debe recibir autorización de los padres , y no se les permite intervenir cuando será muerto su nieto y su hija pretenda ser sometida a una intervención que dejará graves consecuencias.

 

En el punto 4.4 se prevén presiones y sanciones contra quienes se nieguen a practicar el aborto o lo impidan, esta determinación es violatoria de la libertad de conciencia garantizado por la Constitución de la Republica.

 

En el punto 7.1 se discrimina de manera injusta a las personas por sus convicciones morales o religiosas, es decir, si se oponen al aborto deben ser limitadas en sus intervenciones e incluso criminalizadas.

 

En este mismo punto hay un error craso. Se habla de que la persona en gestación es la que decidirá si se aplica el aborto. Pues cabe aclarar que según la misma simple lógica la persona en gestación es el bebe por nacer y no la madre, y él no decidirá que quiere que se le asesine mediante aborto. La madre es la persona gestante.

 

En el punto 7.3 se persigue cualquier asesoría  o consejería que busque orientar a la mujer en sentido diferente al del aborto, por considerarlo coacción o presión que deben ser criminalizadas, es decir, lo único correcto es 'aconsejar' (o presionar o coaccionar) para que la gestante decida por el aborto. Parece un texto mandado a hacer por el monopolio de la industria del aborto. Es como si hubieran tomado el control de la Corte y del Estado colombiano para promover su negocio.

 

En el apartado 7.7 se ratifica que no existe límite de tiempo para el aborto, es decir se puede matar al bebe por nacer desde la fecundación hasta un instante antes de nacer, esto significa que el vientre se convierte en un territorio mortal, el grave peligro de muerte acechará al bebé los nueve meses de la gestación. Su puerto seguro estará solo fuera del útero de la madre. Esta barbaridad no se permite  en casi ningún país del mundo. Siempre se fija un límite. Esto no significa que estemos de acuerdo con matar a bebés a las 4, 6 o 12 semanas de gestación. La vida se debe cuidar y proteger siempre y a cualquier edad. Apuntamos solo el caracter bárbaro de la norma propuesta por el Ministerio de Salud.

 

En el punto 12 se dice que el aborto será financiado por el sistema de salud al que todos los colombianos aportamos con nuestras cuotas de salud y los impuestos que pagamos. Millones de colombianos no estamos de acuerdo en pagar esta abominable práctica, no estamos de acuerdo en ser cómplices de la masacre de bebes por nacer por el aborto.

 

En el punto 13 se limita la objeción de conciencia solo a nivel individual, y siempre y cuando el médico o personal de salud remita a otro médico para que realice el aborto, esto es irrespetar la verdadera objeción de conciencia, pues que obliga al médico a ser cómplice al remitir a la mujer con alguien que si le matara al bebé por nacer.

 

Por otro lado se pretende desconocer la objeción de conciencia institucional. ¿Qué es esto? No saben que las instituciones pueden objetar en conciencia de manera grupal. Es una acción tiránica en contra de la libertad de tener convicciones y creencias y del derecho de practicarlas no solo individualmente sino en grupo.

 

En el documento se argumenta que la resolución esta fundamentada en los protocolos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que no son vinculantes. No son obligatorios para Colombia, por tanto no procede a tomarla como fundamento.

 

El articulo 11 de la Constitución de Colombia es taxativo y claro: “la vida humana en Colombia es inviolable, no habrá pena de muerte”, por lo tanto todo aquello que atente contra la vida humana es un crimen como esta claramente señalado también en el Código Penal del país.

 

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte, al despenalizar el aborto en tres casos, esta violando este artículo, que es una clausula pétrea. Y la sentencia SU096 de 2018 dió un paso a más, que el Ministerio de Salud no puede aceptar por ilógico: dice que el aborto esta despenalizado, es decir, es un crimen pero no se castiga bajo los supuestos de la sentencia, pero a renglón seguido afirma que también es un derecho fundamental. ¿Qué es esto? ¿Un crimen no punible se confunde con un derecho fundamental

 

La Corte tiene como misión servir a la Carta Magna, y no puede crear derechos y no puede legislar. El Ministerio de Salud no puede ni debe, como parte del Poder Ejecutivo del Estado colombiano, subordinarse a otro poder que extrapola sus funciones.

 

El Estado tiene como finalidad servir al bien común, no herirlo ni hipotecarlo. Entre las graves consecuencias del aborto esta el hecho de que, al liberarlo, termina siendo usado como contraceptivo y contribuye a gestar un invierno demográfico que lleva progresivamente a la desaparición de la nación. Esto acontece ya en naciones europeas y asiáticas.

 

Los responsables por la nación deben contemplar el desastre mortal que tendrá una eventual aprobación de esta regulación. Tienen el deber de trabajar por el presente y no hipotecar el futuro, tienen el grave deber de ver por el bien de todos los ciudadanos, incluyendo los que crecen en el vientre de sus madres. Ellos también son amparados por nuestra Constitución.

 

[ D'Vox ]

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Jesús Magaña es director plataforma ciudadana Unidos por la Vida.

 

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