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'No hay duda que lo que aconteció con Esperanza fue un homicidio', asegura abogado

26.01.2019

 

El caso de Esperanza, la niña argentina que fue sacada del vientre materno a través de una cesárea con tan solo seis meses de gestación, porque el Gobierno y el lobby verde no pudieron abortarla, y que falleció cuatro días después, puede configurarse en un caso de homicidio simple.

 

Los responsables serían, en diversos grados, desde el gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, su ministro de Salud, una jueza de familia y el director del Hospital Materno Infantil donde se realizó la operación.

 

La evaluación es de Ángel Javier Romero, abogado de la Fundación Más Vida, que acompañó de cerca el caso de Esperanza coordinando a un equipo jurídico que interpuso dos recursos legales. El segundo fue el que impidió que se realizara el aborto.

 

En entrevista para Actuall , publicada el 25 de enero, advirtió que aunque de forma inédita consiguieron frenar un aborto directo por vía judicial, la determinación del juez de que efectuar la cesárea anticipada - convencido por un informe de psicólogos - fue como decretar la pena de muerte para Esperanza.

 

Esta es parte de la entrevista:

 

¿ El gobernador tenía autoridad para ordenar el aborto?

 

Ninguna. El gobernador no tenia ningún tipo de autoridad para decidir lo que decidió. La Justicia era quien tenía competencia para decidir si era un caso de aborto no punible o no, si se encuadraba o no en el protocolo.

 

Morales no tenia ninguna autoridad, pero quiso imponerse y dió una ‘bajada de línea’ muy, muy fuerte.

 

¿Por qué no se practicó el aborto?

 

Porque interpusimos un habeas corpus ante la Justicia Penal el 17 de enero y con ello se evitó el aborto directo, que ya estaba programado por la presión del gobernador.

 

El juez tomó conocimiento del caso y ese mismo dia, a las 18:30 horas, fijó una audiencia en el propio hospital. Fueron citados el ministro de Salud de la Provincia, las autoridades del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana, y nosotros como parte.

 

En la audiencia el juez prohibió que se hiciera un aborto.

 

¿Por qué se realizó la cesárea anticipada?

 

En esa misma audiencia el equipo interdisciplinario que atendía el caso presentó  al juez diversas constancias, certificados médicos y estudios; y entre ellos había un informe psicológico que mostraban que la madre estaba pasando por un estado depresivo.

 

Fue defendido por sus autores, psicólogos proaborto, argumentando que la gestante podría manifestar tendencias suicidas o atentar contra la integridad del feto y aconsejaron al juez que, como el aborto no se realizaría, se efectuara una cesárea urgente para evitar en la madre un daño psicológico ‘irreversible’.

 

¿Aconteció algún hecho concreto que sustentara posible tendencia suicida?

 

No hubo hecho alguno que pueda dar  sospecha de que la madre sufría algún trastorno de ese tipo. Creo que el informe era muy subjetivo, los abogados trataron de rebatirlo, pero el juez lo tomo por cierto. Decidió que el aborto no se hacia pero sí la cesárea.

 

Esto terminó siendo la sentencia de muerte para Esperanza, la sacaron de forma prematura del seno materno cuando se podría haber esperado por lo menos un mes más, ofreciendo atención y contención adecuadas a la adolescente.

 

¿Un mes habría hecho diferencia?

 

Esperanza estaba con 26 semanas. He hablado con especialistas y me dicen que con un mes más las probabilidades de sobrevida de la bebé hubieran aumentado significativamente. Un mes más era determinante. Desgraciadamente se lo negaron. No fue correcto desde el punto de vista médico ni legal.

 

Desde el punto de vista médico cualquier especialista confirma que no era conveniente para la bebé. Si bien era un feto con viabilidad, o sea, tenía chances de vivir, por lo menos un mes más aumentarían un 40% a más las posibilidades de vida, siendo cercanas al 80%.

 

¿Y desde el punto de vista legal?

 

A pesar de haber sido concebida en una violación, el caso de Esperanza ya no podía ser encuadrado en los protocolos de aborto no punible pues tenía más de 22 semanas de gestación.

 

Lo que procedía entonces era cuidar a la madre y al bebé y solo anticipar el parto si se presentara un riesgo cierto e inminente de vida para la madre. Con esa edad gestacional las posibilidades de la bebé fallecer fuera del vientre materno o de tener graves secuelas eran muy altas.

 

No hay duda de que esto fue un homicidio, cuando menos un homicidio simple. Estamos evaluando ya la posibilidad de hacer una denuncia penal. El hecho se encuadra, al menos, en el delito de homicidio simple.

 

¿Por qué?

 

Colocaron a Esperanza en una situación totalmente innecesaria, se basaron en un protocolo que ni siquiera se los permitía, no hay duda de que han actuado con dolo porque tenían pleno conocimiento de que realizar un parto prematuro la colocaba en un estado de total vulnerabilidad, de riesgo a su salud y a su vida.

 

Los médicos no pueden escapar a esta situación.En esta situación lo más probable era que se muriera, y bueno, así ocurrió. Repito, no tengo la menor duda de que el hecho se encuadra en el delito de homicidio simple.

 

¿Quién tiene responsabilidad por la muerte de Esperanza?

 

La responsabilidad inicia con el gobernador Gerardo Morales, pasa por el ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bohuid; por la jueza de familia, Martha Rosemblut, que rechazó un amparo que promovimos sin ni siquiera tomar conocimiento del caso; y llega al director del Hospital Materno Infantil.

 

En el caso de Morales la responsabilidad que le cabe es la del mal desempeño de sus deberes como funcionario público, e incluso, la responsabilidad del homicidio porque él dió la orden directa para el aborto que solo fue frenada por el habeas corpus.

 

Si él no se hubiera empeñado inicialmente en un aborto a toda costa y hubiera seguido la recomendación inicial de los médicos, Esperanza estaría viva. Es un asesino.

 

¿Qué sigue?

 

Garantizaremos que se pueda dar cristiana sepultura a Esperanza. Y luego, vamos a tomar medidas judiciales, vamos a iniciar denuncias contra el gobernador, el ministro de Salud, la juez de familia y la directora del hospital, todos ellos tienen responsabilidad penal.

 

No podemos permitir que funcionarios sigan intentando imponer un ilegal protocolo de muerte.

 

Lea la entrevista completa en Actuall.

 

[ D'Vox ]

 

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