Asamblea de Uruguay aprueba ley con cuotas para 'trans' y cambio de sexo en menores


Con prisa, sin cumplir el debido trámite de análisis y debate en comisiones, atropellando el proceso democrático, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves 18 de octubre, la "Ley Integral para Personas Trans".

La nueva ley, que aún debe ser sancionada por el Ejecutivo, establece, entre otras cosas, cuotas para puestos de trabajo en órganos del Estado para quien se identifique como "transgénero" y determina que menores de edad puedan cambiar su registro de nombre y sexo y recibir tratamiento hormonal sin autorización de sus padres.

La iniciativa fue enviada a la Asamblea General en mayo de 2017 por el presidente Tabaré Vázquez. Fue votada el martes 16 de octubre en la Cámara de Senadores donde sólo por su partido, el izquierdista Frente Amplio (FA) y, parcialmente, por el único parlamentario del Partido Independiente (PI).

El Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), que juntos suman 14 de los 30 senadores, no apoyaron la iniciativa de ley. La votación allí culminó con 17 votos a favor, incluído el vicepresidente, que presidió la sesión.

El miércoles 17 fue enviada a la Cámara de Representantes donde el gobierno, que tiene una bancada de 50 parlamentarios de un total de 99, impuso la discusión directa en el pleno de la Casa, sin que pasara, como determina el reglamento, por comisiones. La "aplanadora" izquierdista cerró las puertas a un análisis cuidadoso de una iniciativa polémica que ha dividido a la población y que comprometerá parte del presupuesto público.

El gobiernista FA justificó la "agilidad" que inyectó al proceso señalando que después del 27 de este mes no podría aprobarse, pues estarían a un año de realizarse las elecciones y la actual legislación lo impide.

Tan solo un día después de haber recibido el texto aprobado por el Senado, y luego de más de diez horas de debate en el pleno, 62 de los 88 parlamentarios presentes la aprobaron. Toda la izquierda votó en bloque: FA, PI y Unidad Popular (UP).

Además jalaron el voto de 6 representantes del PN (Alejo Umpiérrez, Elisabeth Arrieta, Gloria Rodríguez, Gustavo Penadés, Edmundo Roselli y Wilson Ezquerra) y 2 del PC (Dianne Martínez y Ope Pasquett), además de Fernando Amado, que recientemente abandonó esa sigla.

La ley fue presentada por el FA como una normativa que pretende mejorar el acceso al trabajo, educación, salud y vivienda de personas que se identifican como "transgénero".

Sin embargo, una lectura atenta del texto permite contatar que es mucho más que eso. Los hombres que aseguran que son mujeres y las mujeres que consideran que son hombres son constituidos como un grupo social con beneficios que otros sectores no tienen.

Según los datos más recientes del Ministerio de Desarrollo Social, estamos hablando de 933 personas en un universo de casi 3 y medio millones de personas: 0.02% de la población de Uruguay.

La ley incorpora integralmente la perspectiva ideológica de género y crea el “derecho a la identidad de género” que deberá ser reconocida por el solo hecho de que la persona la declare, independientemente de su “sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal u otro”.

Los artículos 5 y 6 determinan que las personas que se consideran "trans"podrán cambiarse el nombre y el registro de su sexo en el toda documentación oficial, incluídos los menores de edad sin autorización de sus padres.

Los menores podrán también - según el artículo 21, solicitar tratamiento hormonal sin autorización de los papás y con su respaldo, operaciones orientadas a “cambiar el sexo”.

El estado deberá garantizar que los tratamientos específicos para "adecuar su cuerpo a su identidad de género” les sean ofrecidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y que las clinicas privadas no se puedan negar a realizarlas a sus clientes.

Los artículos 12 y 13 destinan a “personas trans” 1% de los puestos laborales que deban ocuparse anualmente en los diversos órganos del Estado, y de los lugares disponibilizados en los programas de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

El artículo 14 ofrece bebneficios a las empresas que “incorporen a la plantilla de personal de la empresa personas trans que residan en la República”.

Y el artículo 22 sugiere la implementación de planes y programas habitacionales gubernamentales específicos para este pequeño sector de la población.

El artículo 15 obliga a escuelas públicas y privadas a asegurar la inclusión de “trangenero” prestando apoyo "psicológico, pedagógico, social y económico”; y el artículo 17 les destina 2% de las becas educativas que son ofrecidas por el Estado o particulares.

También se establece - en el artículo 18 - que toda la política cultural del Estado deberá estas pautada por la "perspectiva de género".

Y por si fuera poco, el artículo 10 determina que aquellos que nacieron antes de 1975 y aseguren haber sido víctimas de violencia "física o institucional" o "prácticas discriminatorias" en función de su condición por parte de agentes del Estado podrán recibir una "reparación" económica vitalicia.

Ahora, Uruguay tendrá la más radical normativa para personas que se consideran “transgénero” del Continente. Y recodemos: por décadas, este país ha sido el laboratorio del progresismo en la Región.

Usted puede leer el texto integral de la ley aquí.

[ D'Vox]

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