Barroso, el más radical del STF, emitió el único voto que defendió integralmente la educación domici

El único voto completamente favorable y sin ningún tipo de objeciones a la educación domiciliar en el juicio realizado en el Supremo Tribunal Federal (STF) el pasado 12 de septiembre, fue proferido, paradójicamente, por el magistrado más radicalmente 'porogresista' del colegiado: Roberto Barroso.

El juez, que fue relator del proceso, es un férreo defensor del aborto libre, la eutanasia, la perspectiva de género, el ‘matrimonio’ igualitario y la legalización de las drogas.

El magistrado presentó su voto el miércoles 6 de septiembre, día en que inició el juicio, y en él afirmó que la educación en el hogar es un derecho garantizado en la Constitución y criticó la obligatoriedad de matricular a los hijos como "un cierto tipo de paternalismo” por parte del Estado.

Barroso esclareció correctamente que el 'homeschooling' es la prática por la que los padres asumen la responsabilidad de la escolarización formal de sus hijos y dejan de delegarla a las instituciones públicas o privadas; las clases pueden ser dadas por ellos mismos o por profesor particulares.

En su opinión, los padres de familia que optan por la educación en casa demuestran una “preocupación genuina con el desarrollo de sus hijos, […] pues ningún padre o madre que opta por esta alternativa, que es más trabajosa, lo hace por pereza o capricho”.

Por eso - dijo - no pueden ser acusados de crimen de “abandono intelectual”, contemplado en el Código Penal, pues están efectivamente atendiendo a sus hijos, aunque de un modo diferenciado.

Señaló que los artículos 205, 206 y 229 demuestran que la educación domiciliar no esta vetada por la Constitución brasileña, además de estar expresamente amparada por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales el país es signatario.

El ministro propuso para su reglamentación que las familias notifiquen a las secretarías municipales y que se efectúen algunas evaluaciones periódicas.

Fue voto vencido.

La mayoría de sus colegas que optaron por acompañar la posición del ministro Alexandre de Morais, para quien no existe ninguna ley actualmente que ampare esa práctica educativa en el país y por tanto es "ilegal", aunque no inconstitucional, y podría ser ejercida cuando el Legislativo la reconozca y reglamente. (d'vox)

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