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El narcotráfico marca el 'boom' de asesinatos de activistas sociales en Colombia

23.07.2018

 

Una larga fila de colombianos violentamente asesinados es parte de la triste herencia de ‘paz’ que deja el presidente Juan Manuel Santos a sus compatriotas a poco menos de un mes de entregar el cargo en manos de Ivan Duque.

 

Hay divergencias respecto al número exacto de cuerpos sin vida que se amontonan día sí, día no, como saldo negro -¿o rojo?- para el hombre que ganó un premio Nobel por haber concretado un impopular acuerdo de amnistía para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

 

Es un hecho que, desde la firma del Acuerdo de La Habana en septiembre de 2016, son centenas los que fueron ‘liquidados’: entre 178 y 322 víctimas, dependiendo de quien lleve el cómputo, que está abierto.

 

Santos prometió la paz pero la guerra interna continúa y hay dos denominadores comunes en esa amplia lista de sangre. El primero es que se trata de colombianos que pueden ser denominados como ‘defensores de derechos humanos’.

 

El segundo es que en casi todos los casos hay una ‘huella dactilar’ precisa: el narcotráfico. No porque las víctimas hayan estado vinculadas a esa actividad delictiva -aunque algunas sí, pero no parecen ser la mayoría- sino porque los asesinos son narcotraficantes o miembros de grupos delictivos relacionados al narco.

 

Además el ‘mapa’ que apunta los municipios de ejecución es prácticamente el mismo de los corredores y zonas de cultivo y tráfico de estupefacientes, o de otras actividades derivadas.

 

Los números

 

A casi dos años de firmar la polémica amnistía con las FARC la paz prometida por el presidente Santos se ha hecho añicos progresivamente. Aparentemente desmovilizó a la guerrilla pero la violencia continua en las antiguas zonas de conflicto.

 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, del 26 de septiembre de 2017 al 10 de julio de 2018 han asesinado a 322 colombianos ‘defensores de derechos humanos’. Es la cifra más alta.

 

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra a 273 víctimas hasta el 5 de julio y el programa no gubernamental Somos Defensores, 232.

 

El Gobierno reconoce solo 178 muertes hasta el 22 de junio, número avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es la cifra más baja.

 

Si tomamos en cuenta los datos de la Defensoría estamos hablando de un asesinato en promedio a cada dos días: 134 en 2016; 126 en 2017, y 62 en lo que va de 2018.

 

Si consideramos los el registro del gobierno, un muerto a cada cuatro días; casi dos por semana. De cualquier forma es un río de sangre.

 

Pero el cuadro se agrava si consideramos que los asesinatos se han intensificado, según Indepaz, este año: 123 ‘ejecutados’ del 1 de enero al 5 de julio. Casi uno diario. La Defensoría publicó en marzo de 2017 un Informe Especial de Riesgo donde alertaba a las autoridades gubernamentales del problema y una Alerta Temprana (AT 26-18) el 28 de febreo de este año.

 

El último documento afirma categoricamente que la administración de Santos ha hecho caso omiso de las recomendaciones propuestas en el informe de 2017 y que tal actiutud ha agarvado el problema.

 

Las víctimas y el narcotráfico

 

De acuerdo con los datos ofrecidos por un dossier especial preparado por Indepaz denominado ’Todos los Nombres – Todos los Rostros’ la mayoría de las víctimas de este año son hombres, ocho de cada diez y la misma proporción era parte de organizaciones campesinas, comunales, indígenas o de afrodescendientes. Casi 90% son de zonas rurales o semirurales. Los porcentajes son similares a los que presentan los informes de la Defensoría.

 

Sin embargo, el documento de Indepaz sugiere que solo una parcela muy pequeña de ejecuciones tiene que ver con cultivo y trafico de drogas: 13 por ciento. La mayoría, 83 por ciento, se relacionarían con conflictos por tierra, territorio y recursos naturales.

 

Además de incluir a 33 supuestos exguerrilleros y a 5 de sus familiares, a los que se les habría quitado la vida al no contar con protección exigida por el acuerdo de paz.

 

Para esta entidad los responsables son fundamentalmente los grupos ‘paramilitares’ que estarían vinculados a las ‘oligarquias’ de derecha, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y algunos pequeños “grupos residuales” de las FARC.

 

Sin embargo, la realidad sobre los motivos y los ejecutores del ‘baño’ de sangre parece ser otra. La Alerta Temprana 26-18 de la Defensoría reconoce abiertamente “la preexistencia y permanencia del conflicto armado interno” a pesar del llamado Acuerdo de Paz.

 

Y apunta como causas del “escenario de riesgo nacional”: la expansión de la actividad delictiva del ELN, la intensa actividad de las disidencias de las FARC, la confrontación entre estos dos grupos, y la consolidación de otros grupos armados después de los tratados, entre los que están algunos grupos paramilitares.

 

Tanto el ELN, los supuestos ‘disidentes’ de las FARC y los grupos ‘paramilitares apuntados, todos, sin excepción realizan actividades de narcotráfico.

 

El mapa manchado de sangre de los crímenes contra ‘defensores de derechos humanos’ es el mismo mapa del tráfico de estupefacientes en Colombia.

 

Y los asesinatos por “conflictos tierra, territorio y recursos naturales” que asegura el Indepaz son ocho de cada diez, resulta que acontecen en zonas donde si bien no se siembra coca sí son corredores o zonas estratégicas para el tráfico de estupefacientes.

 

Los homicidios de este año, por ejemplo, se presentaron en 73 municipios ubicados en 24 departamentos del país. El 67 por ciento de los crímenes se concentra en 7 departamentos: Cauca, Antiquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Nariño y Arauca.

 

De ese listado Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Norte de Santander son regiones donde se siembra coca, en todos operaban las FARC y siguen articulando sus ‘disidentes’.

 

El caso de Antioquía es diferente, allía actuan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que iniciaron como grupo ‘paramilitar’ y hoy son más conocidas como el Clan del Golfo. Algunos indicios apuntan que en algunos casos se trata de ajustes de cuentas.

 

Ajuste de cuentas o piedras en el zapato.

 

Para escribir este texto tomé una pequeña muestra de 30 nombres de la lista de 322 víctimas elencadas por la Defensoría y verifiqué la causa de la muerte en el parte policial. Los resultados son significativos, aunque no concluyentes.De esos treinta nombres dos tienen vínculo directo con el narco según las autoridades.

 

Ana María Cortés, líder comunitaria de Cáceres, en el Cauca antioqueño, que era secretaria de la campaña local del excandidato presidencial Gustavo Petro. De acuerdo con el fiscal general Néstor Humberto Martínez los autores del crimen son miembros de la banda delincuencial ‘Los Caparrapos’, disidente del clan del Golfo.

 

“En la prueba técnica que tenemos Los Caparrapos le imputaban a la señora, que ha sido objeto de este asesinato, ser un punto que prestaba esos servicios para identificar movimientos en la entrada del municipio de Cáceres”, reveló el fiscal. O sea, Cortés – líder comunal – podría ser una de las personas que informaban al clan del Golfo si desconocidos o autoridades ingresaban a la zona.

 

Otro nombre: Jefferson Leandro Sánchez, alias ‘Andrés Sánchez’ o ‘Carro loco’, supuesto exmiembro de las FARC asesinado en Argelia, en el departamento de Cauca por el ELN junto a otras seis personas. De acuerdo con el general Jorge Herrera, comandante de la brigada 29, Sánchez era cabecilla de una núcleo vinculado al trafico de drogas, como otros de los asesinados y cuyos nombres parecen en la lista de ‘defensores de derechos humanos’.

 

¿Cuántos de los 55 ‘exmiembros’ de las FARC que estan en la lista de víctimas del Indepaz están en la misma situación?

 

La muestra también arrojó otro resultado singular: personas que perdieron la vida por asuntos ajenos a la defensa de garantías fundamentales.

 

Klaus Stiven Zapata Castañeda, líder comunitario de Soacha, el segundo municipio más poblado del departamento de Cundinamarca, y que militaba -no era líder- en la organización de izquierda Marcha Patriótica. Murió en una pelea por un partido de futbol. El agresor fue preso y condenado.

 

O como tres miembros de organizaciones lgbt: Árvinson Flórez González y Eugenio Gil Acosta asesinados por desaveniencias personales y Samir López, que perdió la vida en un asalto.

 

La propia definición de ‘defensores de derechos humanos’ dada por la Defensoría del Pueblo contribuye a que estos nombres aparezcan: “las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que promueven o procuran cualquier forma de realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

 

El criterio identificador alcanza a personas que lideran o colaboran con causas “comunales, indígenas, de afrodescendientes, campesinas, sociales, sindicales, de población con orientación sexual e identidad de género diversa, ambientales, reclamantes de tierras, de mujeres, jóvenes, estudiantes” y de un largo etcétera.

 

Aclaro: estos casos explican quizá los números tan elevados de algunas entidades, pero no colocan en duda que la mayoría de las víctimas sí realiza una labor reivindicatoria de garantías.

 

Algunos -según parece- tienen un vínculo claro con el narcotrafico, otros -al parecer la mayoría- son piedras en el zapato de organizaciones criminales de diversos tipos por oponerse abiertamente a sus fechorías o por negarse a colaborar.Entre esas organizaciones además del ELN, cárteles de droga y grupos paramilitares, también están disidentes de las FARC.

 

¿Hasta dónde están comprometidas las FARC para desmontar su red narco-terrorista? ¿Son realmente ‘disidentes’ los que no aceptaron los acuerdos o han creado enclaves estratégicos que no piensan entregar? Durante los 5 años de negociaciones los cultivos de coca pasaron de 70 mil hectáreas a 200 mil.

 

La prisión de Marlon Marín, sobrino Iván Márquez, el número dos de las FARC, y de Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, un miembro del alto mando, por parte de la DEA en abril de este año es un botón de muestra de que continúan operando el negocio.

 

Son acusados de negociar con el Cártel de Sinaloa, de México, el envío a Estados Unidos de 10 toneladas de cocaína y la Fiscalía de New York asegura que cuenta con “pruebas robustas” que demuestran que el ilícito se cometió en junio de 2017, o sea, apenas seis meses después de la entrada en vigor del Acuerdo de La Habana.

 

El narco es el combustible de las FARC y su intenso refuerzo es parte de la herencia que deja Santos a los colombianos junto a la larga hilera de cadáveres de la que aquí hemos tratado gracias a una sospechosa omisión que es denunciada por todos, de izquierda a derecha.

 

[ D'Vox ]

 

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