Una oportuna iniciativa del Congreso Nacional brasileño


A buena hora la Cámara de los Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe 'medidas liminares' (decisión preliminar) monocráticas, o sea, concedidas por un solo juez, cuando se cuestiona la constitucionalidad de una ley o acto normativo, una prática que se ha vuelto común en el Supremo Tribunal Federal (STF). Los ministros de la Corte, con frecuencia, deciden solos aún en cuestiones de alta complejidad.

Si esta iniciativa legislativa es aprobada [1], para lo que falta aún pasar por el Senado y recibir sanción del Presidente de la República, solo el pleno del STF, constituído por la totalidad de sus magistrados, deberá deliberar sobre el pedido de 'medidas liminares' que usen el argumento de la inconstitucionalidad, bastando - sin embargo - el voto de la mayoría de sus ministros.

Con certeza, lo que desencadenó este proyecto de ley fue la reciente prohibición, a través de una medida preliminar dada por el ministro Ricardo Lewandowski, de la venta de estatales o de sus activos por el Poder Ejecutivo, sin el aval del Congreso Nacional, [2] hecho que a todas luces interfiere en la administración pública, con grave daño para el buen desarrollo de sus actos, esenciales para la economía del país.

Es evidente que no es el Poder Judicial a quién compete disponer lo que es mejor para el Estado o para la adecuada gestión de los negocios del país, sin embargo, ese poder, a través del STF, interfiere en la administración pública a través hasta de desiciones monocráticas bajo el fundamento de analizar la validad constitucional de esos actos (cuando provocado, naturalmente, por terceros con intereses en conflicto), paralizando o atrasando su natural tramitación.

Asegura la parte contraria en la acción de inconstitucionalidad propuesta en el caso de la venta de estatales, en una entrevista: “En la decisión, el proprio ministro Lewandowski cita una tendencia de desestatizar que puede causar daños irreparables el el país. Es justamente lo que hemos denunciado todos los días. No podemos permitir la venta del patrimonio del pueblo brasileño”.

La decisión, en esos términos, revela una clara tendencia ideológica, de izquierda, nefasta para los intereses del país y contraria al desarrollo del capitalismo moderno, motor del progreso de las naciones.

La estatización, resultado de esa ideologia, ya demostró que tales empresas, además de ineficientes pues normalmente operan con deficit, han sido, por un lado, verdaderos antros de corrupción por donde se 'fuga' dinero, prejudicando gravemente a la población del país, pues ese dinero es suyo, que, por otro lado, deja de ser usado para la buena gestión de los servicios públicos tales como salud, educación, seguridad pública y otros.

Eso ya quedó clara y ampliamente demostrado durante los catorce años de los gobiernos 'lulo-petistas'.

Pero parece que nada de eso sensibilizó al ministro que rápidamente cedió al apelo de la Central Única de los Trabajadores (CUT), sindicato que, como algunos otros, apoyó incondicionalmente aquellos gobiernos porque - entre otros factores - garantizaban el impuesto sindical, contribución obligatoria pagada por los asociados tuviera o no (y normalmente no tenían) una adecuada protección de sus intereses.

A buena hora, el Congreso Nacional, accionado por el Gobierno Temer, extinguió esa nefasta obligatoriedad en la ley que aprobó la modernización de las relaciones capital - trabajo. De ahora en delante, los asociados pagan la contribución cuando consideran que es vital para la protección de sus intereses, algo que verán dia a dia en la práctica de aquellas asociaciones sindicales.

Lo más irónico de todo es que, a pesar de la decisión liminar de Lewandoswki dice que "la venta de acciones de empresas públicas, sociedades de economía mixta o de sus subsidiárias o controladas exige previa autorización legislativa, siempre que se cuide de alienar el control accionario”, e proprio Congreso Nacional resolvió, iniciando por la Cámara de los Diputados, aprobar la iniciativa que prohíbe la emisión de esas liminares, en caráter monocrático, siempre que se trate de acto en que se tenga que declarar la inconstitucionalidad de uno o más preceptos de una ley o acto normativo.

Y no hay duda de que lo que determinó esa ley fue precisamente la emisión de la absurda liminar del ministro Lewandowski.

[ D'Vox ]

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Cesar Mata es abogado y especialista en derecho constitucional.

Notas:

[1] La nueva ley no hace otra cosa que reiterar lo que ya dice la Constitución Federal, ley magna del país. Nótese que la Constitución Federal en su artículo 102, I, a), dispone: “”. Si fuesen posibles medidas liminares en esas acciones, la Constitución diría: compete al Supremo Tribunal Federal, o a cualquiera de sus ministros, en carácter liminar...Compete al Supremo Tribunal Federal, principalmente, guardar la Constitución, cabiéndole: I-procesar y juzgar originalmente: la acción directa de inconstitucionalidad de ley o acto normativo federal o estatal y la acción declaratoria de constitucionalidad de ley o acto normativo federal

[2] La decisión también prohíbe la venta de acciones de sociedades de economía mixta, subsidiárias y controladas, alcanzando las esferas federal, estatal y municipal. En la ADI (Acción Directa de Inconstitucionalidad), de noviembre de 2016, las entidades cuestionaron dispositivos de la Ley de las Estatales (Ley 13.303/2016). Para eso, se consideró inconstitucional esta ley.

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