Algunas lecciones que deja la victoria del colombiano Iván Duque para México y el Continente

04.07.2018

 

La contundente victoria de Iván Duque en los comicios presidenciales de Colombia deja algunas lecciones para el resto del Continente. Quizá, en especial, para México, después del contundente triunfo de Manuel Andrés López Obrador el pasado domingo 1 de julio.

 

La elección colombiana se definió 15 días antes. El candidato de la Gran Alianza por Colombia, encabezada por el Centro Democrático, fue elegido en el segundo turno electoral realizado el pasado 17 de junio con 10 millones 400 mil votos. Un aplastante 54% de los sufragios.

 

Gustavo Petro de la coalición Colombia Humana, liderada por el Movimiento Progresistas, consiguió 8 millones de votos; equivalente a 42%. Sin duda, una votación histórica para la izquierda en el país, que jamás había cruzado el umbral de los 5 millones. Fue una de las elecciones con mayor participación ciudadana desde 1974: 19 millones y medio de personas, 53 por ciento del padrón electoral.

 

El primer aspecto que salta a la vista en este proceso electoral es que - en la práctica - fue una especie de ‘segundo plebiscito’ sobre los acuerdos de la ‘paz’ con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En octubre de 2016 el llamado Acuerdo de la Habana - negociado en esa ciudad a la sombra de Fidel y Raúl Castro - fue rechazado en un plebiscito por 50.21% de votantes, sobre 49.79% que los apoyaban. El presidente Juan Manuel Santos ignoró el resultado e lo impuso usando su base en el Congreso.

 

El 1 de diciembre de 2016 el tratado entró en vigor. El mandatario tenía prisa: una semana después recibió el premio Nobel por “sus esfuerzos por acabar con el conflicto”. Hoy los acuerdos son rechazados por 7 de cada 10 colombianos.

 

¿Por qué el Acuerdo de la Habana divide a la población?

 

 

Para muchos, el Acuerdo es un pacto de impunidad entre Santos y la organización narco-terrorista, gracias al cual operan como una fuerza política nacional financiada con recursos públicos bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Tienen garantizados por lo menos 10 escaños en la Legislatura que inicia y en la próxima.

 

Sus miembros no serán juzgados en la justicia común por los asesinatos, secuestros, actos terroristas o prácticas de narcotráfico que perpetraron, pasarán por un tribunal especial en el que ellos podrán denunciar a miembros del Ejercito. Tampoco se les podrá apuntar públicamente su pasado criminal y, por si fuera poco, contarán con un fondo gubernamental para emprendimientos económicos. Las víctimas de la violencia y la debida reparación son relegadas a segundo plano.

 

Los términos de la ‘paz’ son humillantes para quien no olvida el saldo que el conflicto armado dejó en cinco décadas: un millón de personas asesinadas, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas. Si consideran desapariciones, secuestros, violaciones, torturados y desplazados la cifra es impresionante: 8 millones.

 

Además, las Farc parecen tener un doble juego. La paz no llegó totalmente como había sido prometida. Supuestamente entregaron las armas, pero la violencia continúa asolando algunas regiones del país. Los autores son presuntos disidentes con un denominador común: eran operadores del tráfico dentro de la organización. Dos ejemplos: Walter Patricio Arisala Vernaza, alias ‘Guacho’, y Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido también como ‘Ivan Mordisco’, responsables por diversos ataques en municipios fronterizos en 2017 y 2018.

 

Aunque Iván Márquez, el número dos de las ‘nuevas’ Farc, asegura que ‘Guacho’ nunca estuvo vinculado a ellos, un listado elaborado por la propia organización para reportar la identidad de sus miembros al gobierno lo señala como líder del Bloque Occidental. Y, de acuerdo con el Ejercito, opera el tráfico de coca desde hace más de una década.

 

‘Mordisco’, por su parte, dirige el Frente Primero en la frontera con Brasil y Venezuela, zona estratégica para el crimen organizado. Según los servicios de inteligencia militar, desde 2007 este ‘frente’ fue el principal financiador del Secretariado General de la guerrilla a través del dinero obtenido con el tráfico. ‘Mordisco’ recibió entrenamiento militar de Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’, uno de los principales negociadores de los ‘acuerdos’.

 

Es significativo que este ‘frente’ fuera uno de primeros en no aceptar la ‘paz’ y que las Farc no hicieran ningún esfuerzo real para someterlos, a pesar de la influencia de Toncel. Santos tampoco impuso como condición irrevocable la rendición en esa zona. De acuerdo con un reporte del International Crisis Group, publicado en octubre de 2017, hay por lo menos 19 grupos armados ‘disidentes’ de las Farc en operaciones, la mayoría fronterizos.

 

¿Hasta dónde están comprometidas las Farc para desmontar su red narco-terrorista? ¿Son realmente ‘disidentes’ los que no aceptaron los acuerdos o han creado enclaves estratégicos que no piensan entregar? Durante los 5 años de negociaciones los cultivos de coca pasaron de 70 mil hectáreas a 200 mil. El narco es el combustible de las Farc.

 

 

¿Otro ‘botón de muestra’? En abril de este año la DEA arrestó en Bogotá a Marlon Marín, sobrino del ya citado Iván Márquez, y a Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', por negociar con el Cártel de Sinaloa el envío a Estados Unidos de 10 toneladas de cocaína.

 

Marlon Marín, subordinado de su tio el número dos de las Farc, se dedicaba también a servir de intermediario pagado entre decenas de empresas interesadas en programas de salud para desmovilizados, proyectos agrícolas y piscícolas en zonas de posconflicto. Lucraba con el dinero del Fondo Colombia en Paz (FCP).

 

Santrich por su parte, es uno de los 'jefes' de peso de la organización. Fue miembro del ‘alto mando’ de las Farc, negociador del acuerdo de ‘paz’, integrante de la Comisión de Impulso y Verificación a la Implementación del tratado, dirigente del nuevo partido e indicado para uno de sus 10 escaños en el Congreso.

 

La Fiscalía de New York asegura que hay “pruebas robustas” de que Santrich cometió ilícitos en junio de 2017, o sea, apenas seis meses después de la entrada en vigor del Acuerdo de la Habana. Fue alertado de su detención por Fabio Borges, un exguerrillero que trabaja en la Unidad Nacional de Protección y es miembro de la Comisión Técnica Nacional de Seguridad del gobierno.

 

El periodista César Betancourt Restrepo afirma que la orden de alertar a Santrich fue dada por el mismo presidente Juan Manuel Santos poco después de que el fiscal general lo informara de la operación, y que en el desvío de dinero del proceso de paz y del lavado de activos podrían estar comprometidos también “dos miembros del gabinete presidencial, tres senadores de la Unidad Nacional de Protección y el propio Juan Manuel Santos”.

 

Gran parte del patrimonio de la organización comunista se mantiene oculto. Declaró al gobierno que había amasado en 52 años de acción subversiva un patrimonio de 332 millones de dólares. Sin embargo, el ministerio público identificó activos por un valor muy superior al declarado, como propiedades urbanas y ganado. Cálculos realizados por InSight Crime entre 2015-2016, antes del desarme oficial, las ganancias anuales, derivadas de sus actividades ilegales pueden haber llegado a 580 millones de dólares.

 

Esta tela de fondo explica por qué el Acuerdo de Paz nunca dejó de ser uno de los temas axiales del proceso electoral colombiano, a pesar de los esfuerzos de Santos para darlo como ‘hecho consumado’. Al contrario, las propuestas de gobierno tanto de Duque cuanto de Petro, ofrecían un amplio espacio a explicar lo que harían al respecto.

 

Petro proponía cumplirlos al pie de la letra para avanzar en la “paz democrática”. No permitiría que las garantías ofrecidas a la “paz” - evitaba mencionar la palabra ‘Farc’ - se diluyeran llevando al país “de nuevo a la guerra”. Bajo el ropaje terso de estas palabras había un sutil dejo de amenaza.

 

Esa misma narrativa se encuentra en el análisis sobre la coyuntura electoral latinoamericana del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos en ‘Esquerdas do Mundo, Uní-vos!’, de enero de 2018. Para el cofundador del Foro Social Mundial el ‘Acuerdo de la Habana’ debería ser salvaguardado a toda costa por la izquierda. La “paz democrática” contiene un programa de acción que permite el avance puntual de la ‘agenda progresista’.

 

Duque, por su parte, sabiendo que no podría revocar totalmente los acuerdos, prometió “no hacerlos trizas, pero sí modificarlos sustancialmente en aquellas cosas que afectan el Estado de derecho”.

 

Los guerrilleros que cometieron delitos atroces serían privados de libertad y no podrían ejercer actividades políticas sin antes rendir cuentas a la justicia; los agentes del Estado serían juzgados no por el mismo tribunal sino por una sala de la Corte Suprema, la reparación a las víctimas sería prioritaria y presentaría una reforma constitucional para evitar que narcotraficantes tengan amnistía.

 

El balotaje del 17 de junio resucitó el plebiscito de 2016 y ‘le cobró la factura’ a Santos. Poco más de 10 millones de colombianos dijeron ‘no’ a lo que consideraban un acuerdo de impunidad. En el discurso de triunfo, Duque  dijo: “la paz que añoramos reclama correcciones y las tendrá para que las víctimas sean el centro del proceso, para garantizar verdad, justicia y reparación”.

 

La prueba mas contundente de ese ‘ajuste de cuentas’ es que - tanto en el primer como en el segundo turno - Duque venció en 20 de los 27 departamentos donde la guerrilla operaba hasta diciembre de 2016. Llama la atención que las siete zonas donde Petro ganó coinciden precisamente con los corredores por donde la droga sale hacia México.

 

Una dura derrota para las Farc y para Santos, que termina su segundo gobierno con un bajísimo nivel de popularidad: 73% desaprueba su gobierno y 82% lo considera corrupto, según un sondeo del pasado 13 de junio.

 

La Procuraduría de la República investiga la recepción ilegal de por lo menos 1 millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiamento de su campaña por la reelección en 2014. El periodista Alberto Donadío sintetiza en su linro-investigación ‘Nobelbrecht’ lo que muchos piensan: “ha sido el gobierno más corrupto que hemos tenido”. Por eso, el hartazgo unificó el voto por el cambio.

 

La cuestión era ¿cuál cambio?

 

 

Aunque Duque y Petro hacían lo posible para conquistar al elector de ‘centro’ capitalizado en el primer turno por el progresista Sergio Fajardo con sus cuatro millones y medio de votos, en la percepción de la mayoría de la población era que el embate se definiría claramente entre la ‘derecha’ y la ‘izquierda’.

 

El la izquierda estaba Gustavo Petro Urrego fue guerrillero en el Movimiento 19 de Abril (el M19) de 1977 a 1990, cuando recibió amnistía. El presidente Ernesto Samper lo envió poco después a Bélgica como agregado diplomático, desde entonces vive del erario. Fue miembro de la Cámara de Representantes, senador y alcalde mayor de Bogotá. Su gobierno, rodeado de conflictos y sospechas de corrupción, se caracterizó por el avance de una agenda progresista radical: impulsó políticas públicas con perspectiva ideológica de género y creó abortorios con el nombre de ‘centros para el control natal’.

 

Fue cofundador del Polo Democrático Alternativo y, luego, del Movimiento Progresistas; ambos afiliados al Foro de São Paulo, la mayor plataforma continental de organizaciones políticas de izquierda, de la que participaron las Farc. El Foro, fundado por el Partido Comunista de Cuba y por el Partido de los Trabajadores, del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, contribuyó a que una ‘marea’ de gobiernos de izquierda llegaran al poder en Latinoamérica en los últimos años de los noventa y la primera década del nuevo siglo.

 

Contendió a la presidencia en 2010 con un discurso radical y obtuvo solo un millón de votos. En esta ocasión, mudó. Propuso una "revolución amorosa” para una “Colombia más humana” donde “todos caben”, menos los integrantes de la “máfia anacrónica del poder”. La estrategia de correrse al ‘centro’ con un discurso más terso es similar a la que usó el Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva en 2002, y antes que él, Hugo Chávez en 1999. Aunque le criticaba de ‘castrochavista’ su popularidad crecía rápidamente y parecía imbatible. 

 

En el otro extremo, a la derecha, estaba el senador Iván Duque  Marquez, exitoso abogado con brillante carrera académica coronada en las universidades de Georgetown y Harvard. Su carrera política es meteórica. En 1998 fue consultor del ministerio de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana. Trabajó de 2001 a 2013 en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, y fue asesor de asuntos internacionales del presidente Álvaro Uribe en la ONU. En las elecciones de 2014 llegó al Senado de la mano del expresidente y se destacó como especialista económico y uno de los más articulados críticos del acuerdo con las Farc.

 

En su partido, el Centro Democrático, tiene no pocos desafectos, la mayoría porque le consideran demasiado pragmático, poco identificado con los princípios de la sigla; sin embargo, todos le reconocen que ha respetado siempre las reglas internas y el juego democrático, sin golpes bajos. En mayo de 2017 no figuraba como presidenciable, en septiembre su nombre apareció por primera vez en los sondeos de opinión, y en diciembre, aunque no parecia ser el candidato favorito, fue indicado por la sigla. Sin embargo, no cruzaba el umbral del 10% de intención de voto en la mayoría de encuestas públicas.

 

¿Cómo este hombre finalmente derrotó a Petro?

 

 

Entre diversos factores que pueden colocarse sobre la mesa hay uno que parece capital. Los sectores que en 2016 impulsaron la campaña del ‘no’ a los acuerdos percibieron perfectamente la amenaza que Petro representaba y que sólo podrían vencerle si se unían. Apostaron a construir una alianza que, para funcionar, no podría resultar de la imposición de un nombre por alguna de las partes. Esto era singularmente relevante pues dos de los articuladores de peso que podrían entrar en colisión: los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

 

El primero, quería a Duque a la cabeza. El segundo a Marta Lucía Ramírez, exministra Comercio Exterior bajo su mandato. Duque y Ramírez inicialmente aparecían en empate técnico en casi todos los sondeos de opinión: en torno del 8 o 10 por ciento. Además, el prestigiado exprocurador de la República, Alejandro Ordóñez se presentó como candidato independiente apoyado por una vasta red de organizaciones provida y profamilia. Para que la creación de un frente común no naufragara, las partes deberían tratarse como lo que eran, aliados y no adversarios, y la nueva plataforma debería caracterizarse por ser transparente, coherente, sólida y respaldada ampliamente por el electorado.

 

A pesar de la inicial resistencia de Ramírez, hubo consenso entre Uribe, Pastrana, Duque y Ordoñez: los tres candidatos se someterían a una ‘consulta interpartidista’ abierta al electorado en general, prevista en la ley, el 11 de marzo, el mismo día la elección legislativa y dos meses antes del primer turno presidencial. Este mecanismo además ofrecería una idea clara a todos de que tanta aceptación popular tendría la alianza. El segundo posicionado saldría como vicepresidente de la formula y el tercero como coordinador programático de la campaña.

 

La construcción de la coalición no estuvo exenta de dificultades ni fue un proceso terso, por el contrario, había fuertes tensiones internas de quienes se sentían desplazados. Sin embargo, la transparecia que se impuso al proceso y, sobre todo, el uso del mecanismo de consulta abierta conjuró cualquier tipo descalificación y unificó a todos los sectores.  

 

Externamente, la consulta de la ‘derecha’ fue un rotundo éxito. Duque la ganó con amplio margen: 68% de los votos. Ramirez obtuvo 26% y Ordoñez 6%. Juntos obtuvieron cinco millones y medio de votos. Gustavo Petro también impulsó una consulta de ‘izquierda’ y se benefició con ella. Duque como Petro dieron un salto impresionante y se posicionaron como punteros. El promedio de los sondeos colocaban al ‘derechista’ con 41% de las preferencias y al ‘izquierdista’ con 31%.

 

El 27 de mayo, en la primera votación presidencial, Duque obtuvo el primer lugar con 7 millones 600 mil votos, equivalente a 39%; y Petro en segundo con cuatro millones 800 mil, 25%. La gran sorpresa fue Sergio Fajardo, un ‘centrista’ que en realidad defendía una agenda progresista,  con 4 millones 600 mil votos, 24%. Durante las tres semanas siguientes, Duque y Petro intentaron conquistar a los electores de Fajardo. Analizando los resultados de los dos turnos se puede inferir que unos 3 millones de votos de Fajardo se fueron con Petro, medio millón votaron en blanco y poco más un millón optó por Duque.

 

Si el ‘flujo’ hubiera parado allí, Petro y Duque hubieran quedado en una disputa cerrada, voto a voto. Pero el ‘derechista’ conquistó casi dos millones de votos más. ¿De donde vinieron? Aparentemente de quienes respaldaron al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical, con gran fuerza en el interior del país.

 

Para el elector de provincia pesó que la Gran Alianza por Colombia se presentara como un frente político con propuestas concretas, sin contradicciones, con una identidad sólida de centro derecha y con el objetivo claro de cerrar el paso a una inminente regresión democrática en el país. Estas características quizá hayan sido las que consolidaron a los votantes del primer turno y le ganaron a Duque casi tres millones más en el balotaje cuando arrasó en 24 de los 32 departamentos del interior del país, más conservadores que el Distrito Capital de Bogotá, donde Petro ganó por una diferencia de 400 mil votos.

 

 

Además, la inserción de Ordoñez jugó un papel preponderante para fidelizar el voto que pasa por la criba de valores relacionados con la promoción y defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Estos sectores, que en el país y en el continente han movilizado a millones de personas durante los últimos años, vieron en el exprocurador una especie de ‘garantía’ que contribuyó a darle un voto de confianza a Duque, a quien veían con justa desconfianza, por las opiniones que externaba entre 2011 y 2014 en relación al aborto y el ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo.

 

Al parecer, hubo un cambio derivado de la cercanía con Uribe en el Senado, a partir de 214. Cuando a Uribe le preguntan qué piensa en temas polémicos de vida y familia, el responde: “Yo pienso lo mismo que el doctor Ordóñez”. Duque, evidentemente, no llega a tanto, pero reconoce la importancia de esos temas. No los ignoró ni subestimó en campaña y con la entrada de Ordóñez en la alianza estos tópicos se vieron reforzados.

 

Su programa de gobierno, por ejemplo, amplió el capítulo de políticas públicas para la familia, con mecanismos específicos para su fortalecimiento, protección y desarrollo que contempla el respeto a la libertad de educación y criterios de subsidiariedad. En el capítulo de “equidad para las mujeres” se percibe un cuidado especial en eliminar cualquier referencia a conceptos ideológicos relativos a ‘género’.

 

Sobre el aborto, aunque Duque reconoce que “la vida humana inicia en la concepción”, dice que “respeta” la sentencia de la Corte Constitucional del país que, desde 2016, lo permite cuando la “salud física o mental” de la madre esta en peligro, cuando hay una “grave” malformación y cuando el embarazo es producto de una violación. Cuestionado en debate si ampliaría los casos de despenalización, contundente, dijo que no.

 

Pariendo de allí, Ordóñez tejió un acuerdo realista con Duque: garantizar la objeción de conciencia de forma transversal en los fallos establecidos por el Tribunal en materia de aborto, eutanasia e ideología de género; así como revertir las regulaciones para la eutanasia, especialmente en niños. Estas ‘garantías’ posibilitaron el respaldo articulado y unánime de comunidades cristianas y organizaciones ciudadanas a su candidatura. No es el candidato ideal pero sí con quien - en la actual coyuntura - más pueden avanzar.

 

En torno del 21 de marzo, después de la consulta y faltando dos meses para los comicios, para todos estaba perfectamente claro que había una alianza, no perfecta, pero sí sólida y coherente, capaz de hacer frente de forma unificada a la amenaza de regresión autoritaria que representaba Petro. La alianza resultó exitosa. Si Duque honrará su palabra o no, y si será capaz o no de realizar un buen gobierno de coalición, es una historia que aún esta por escribirse.

 

De entrada, tres lecciones se pueden sacar del caso colombiano: la construcción de una alianza coherente donde ningún aliado fue desplazado, la implementación de un proceso transparente de validación popular de la misma, el uso de una narrativa clara, directa y sin contradicciones y el fuerte arraigo en causas cívicas que posibilitaron capitalizar el deseo de cambio.

 

[ D'Vox ]

 

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