El Supremo Tribunal Federal y la limitación del fuero a legisladores


El Supremo Tribunal Federal concluyó el juicio sobre la atribución de fuero por prerrogativa de función a cierta categoría de servidores públicos, entre los que se incluyen los presidentes de los tres Poderes, ministros de Estado, diputados, senadores, miembros del Ministerio Público, jueces, gobernadores y otros.

Por la función que ejercen, la Constitución les confirió la prerrogativa de ser procesados y juzgados por tribunales superiores y no por jueces de 1ª instancia [1], estos, con competencia que se extiende a cualquier ciudadano, que a su vez puede apelar una sentencia ante los tribunales comunes o superiores.

Ahora, el Supremo Tribunal Federal, abrumado por el número de procesos que le llegan de la operación anticorrupción conocida como 'lava-jato', resolvió restringir el fuero y lo hizo de la siguiente forma.

La mayoría vencedora entendió, sumándose al voto del relator, el ministro Roberto Barroso, que dicha prerrogativa debería limitarse a parlamentarios - diputados y senadores - que cometen crímenes en el ejercicio de función y por vinculados a ella; crímenes cometidos anteriormente o, aunque sean cometidos durante el mandato parlamentar, pero no estén relacionados directamente con esa actividad, quedarían sujetos al foro común.

Formada la mayoría, el ministro Alexandre de Moraes, con el argumento de que sería difícil, en cada caso, determinar si el crimen fue o no cometido en relación al ejercicio de la actividad legislativa, ya que se trataría de una determinación puramente subjetiva, introdujo un elemento objetivo para tal valoración: fijar como inicio de la inmunidad la fecha de inicio de funciones del servidor.

Fue seguido, en esa divergencia, por los ministros Ricardo Lewandowski. y Dias Toffoli que, además, en extenso voto, detalló de forma cuidadosa los inconvenientes de optar por un criterio subjetivo.

Además, la comprensión manifestada en los votos divergentes es precisamente la que mejor se ajusta a lo establecido en la Constitución Federal que, en su artículo 53, dispone: “Los diputados y senadores, desde la expedición del diploma, serán sometidos a juicio en el Supremo Tribunal Federal” [2].

Cualquier otra construcción, como la de la mayoría vencedora, se constituye en innovación legislativa desde el poder judicial, una clara usurpación de las atribuciones del Congreso Nacional, como han ocurrido con cada vez mayor frecuencia en los últimos años, con la abierta violación de lo que dispone la Constitución Federal.

La inmunidad concedida por la Carta Magna a los parlamentarios no aparece cuando ejercen su actividad legislativa, sino por causa de ella, lo que quiere decir que no se puede restringir a los crímenes cometidos solo durante el mandato, sino que debe extenderse a todos, aunque se hayan cometido anteriormente, desde que el juicio ocurra en el ejercicio del mandato.

La interpretación vencedora no agilizará los processos en el Supremo Tribunal Federal, o reducirá su número, quizá podría hasta auméntalos porque, en cada caso concreto, pueden las partes interesadas querer que la Corte decida si se trata de un crimen cometido o no en relación a la actividad parlamentaria.

Como se vio, el voto de la minoría tuvo, precisamente, la preocupación de enfrentar esa dificultad, lanzando mano de un elemento objetivo para determinar cuando un caso va o no al Supremo.

Además, me parece que hay outro argumento que não fue considerado por la mayoría en su fallo.

Lo que se buscó con la transferencia de competencia judicial, además de reducir el número de procesos del Supremo Tribunal Federal, fue atender al principio constitucional de isonomía, o de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, algo que atiende a un justo deseo de la sociedad.

Pues bien, ese principio fue atendido solo de forma parcial, ya que fue mantenido el fuero para los jueces, promotores y procuradores de la República, sin distinción alguna, o sea, el privilegio contemplaría tanto los crímenes cometidos en ejercicio de su actividad pública, como los cometidos fuera de ella, algo que rompería frontalmente con la pretendida isonomía.

Por todo esto es que se impone, y con urgencia, la necesidad de sanar el proceso y que la Propuesta de Enmienda Constitucional sobre el fuero por prerrogativa de función (PEC 333/2017), ya aprobada en Senado de la República y que tramita na Câmara dos Deputados, se convierta en ley [4].

[ D'Vox ]

César Mata es abogado y analista político.

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[1] Así, los presidentes de los tres Poderes, los diputados, los senadores y los ministros de Estado son juzgados por el Supremo Tribunal Federal; los gobernadores por el Superior Tribunal de Justicia; los alcaldes por el Tribunal de Justicia local, por crímenes comunes, en caso de crímenes federales, por el Tribunal Regional Federal y en los crímenes de responsabilidad, por la Cámara Municipal.

[2] Enmienda Constitucional nº 35 de 2001.

[3] Dias Toffoli ejemplificó: si un diputado agrede a un asesor, en su gabinete, ¿puede decirse que lo hizo por causa del ejercicio de la actividad parlamentaria? Puede ser o no ser, las circunstancias del caso, con sus matices, pueden suscitar las mayores dificuldades para determinar esa cuestión.

[4] Pero eso puede tardar pues se entiende que no se pueden aprobar Propuestas de Enmienda Constitucional, durante periodos con intervención federal. Esta cuestión debería ser estudiada con mayor profundidad bajo el punto de vista constitucional, ya que la intervención fue decretada solo para un estado - Rio de Janeiro- y aún así, esta restrictiva al área de seguridad pública.

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