Costa Rica descarta emitir una norma para realizar abortos por 'motivos de salud'

26.04.2018

 

El gobierno de Costa Rica ha dado marcha atrás a una de las promesas hechas por el presidente Luis Guillermo Solís al lobby abortista. No aprobará una norma técnica que permita la realización de abortos bajo el pretexto de razones 'terapéuticas' en los centros médicos del país.

 

En Costa Rica el aborto es reconocido como crimen en todos los casos y la Constitución, en su artículo 21, acepta que "la vida humana es inviolable".

 

El ordenamiento jurídico nacional considera que el aborto no es punible en un único caso. Cuando, según el artículo 121 del Código Penal, es resultado de una intervención "con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre" que no se haya podido evitar por otros medios.

 

Aprovechándose de este dispositivo, organizaciones abortistas han presionado para que el gobierno emita una norma técnica donde contemple la 'salud' de la madre en términos muy amplios, incluyendo su bienestar "mental y social". Desde esta perspectiva cualquier embarazo incomodo podrá representa un riesgo a la salud 'integral' de la madre y la ley podrá ser burlada.

 

En 2011 el Centro de Derechos Reproductivos y el Colectivo del Derecho a Decidir presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de una mujer embarazada de un bebé al que se le diagnosticó encefalocele occipital; alegaba que su vida estaba en riesgo, pero las mayoría de los médicos consultados no ofrecía esa evaluación y el Estado no permitió que el bebe, que murió poco después de nacer, fuera abortado.

 

La organización Acceder, que tiene como objetivo declarado realizar "litigio estratégico contra la violencia basada en género, orientación e identidad", amenazó en 2015 al gobierno con procesarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la norma no se imponía incluyendo una acepción amplia de 'riesgos para la salud'.

 

Acceder tomó los 'casos' de dos mujeres, 'Ana' y 'Aurora', que hace diez y cinco años, respectivamente, fueron impedidas de abortar y amagó con llevarlos a la Corte 'continental'. Para que esto no aconteciera, el presidente Solís aceptó de buen grado emitir la normativa a pesar de una amplia oposición popular.

 

De acuerdo con la más reciente encuesta sobre el tema, levantada en mayo del año pasado por Opol Consultores, 85 por cierto de los costarricenses rechazan en aborto en cualquier caso.

 

Las abogadas de Acceder aseguran que 'Ana' y 'Amanda' son víctimas de la omisión del Estado pues tenían 'derecho' a abortar, y ese derecho les fue negado, afectando “de manera irremediable su 'salud integral”.

 

Una estrategia similar se aplicó en Chile pero con las uniones civiles del mismo sexo. Allí la 'amenaza' de procesar al gobierno ante la Corte Interamericana fue hecha en 2012 por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y lo consiguieron con la cooperación total de Michelle Bachelet en 2015.

 

En Costa Rica fueron dos años 'negociando' y elaborando una norma técnica 'a la carta'. Fue creada una comisión por el Ministerio de Salud que redactó un borrador entregado a la Cancillería de la República. Pero el proceso paró entre febrero y marzo de este año.

 

Fue drásticamente frenado y lo sabemos por un comunicado emitido por Acceder el pasado 25 de abril. En él afirma que el gobierno informó el día 24 a las dos mujeres que "por una decisión política" la promesa que les había hecho el presidente Solís no se cumpliría.

 

El gobierno no se ha manifestado aún de forma oficial y las activistas aseguran que no pararan hasta que el asesinato de bebés en gestación, por lo menos en esta modalidad "terapéutica", sea legalizada como un "derecho" de toda mujer.

 

La diputada del Partido Restauración Nacional (PRN), Alexandría Loría, una tenaz opositora de la estrategia de Acceder, asegura que no existe, como tal, el aborto terapéutico. “El embarazo y la gestación de un bebe no es ninguna enfermedad para la que el aborto sea una terapia indicada a la mujer".

 

Loría detalla que lo que la ley del país no da "permiso" para matar bebes cuando hay alguna complicación en el embarazo, o cuando incomoda a la madre de alguna forma, simplemente lo declara no punible cuando es resultado, nos buscado, de una intervención médica para salvar a la madre".

 

La parlamentaria y abogada afirma contundente: "Desde el punto de vista médico y jurídico ese término es un abuso, una manipulación del lenguaje. Un aborto nunca cura".

 

[ D'Vox ]

 

Please reload

Quando o remédio vira veneno

Gobierno y partido oficial hacia el...

1/15
Please reload

Términos del Servicio | Política de Privacidad

CR| opn: