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No es vinculante la opinión consultiva sobre 'matrimonio' gay, afirma el vicepresidente de la Corte IDH

16.03.2018

 

"Una opinión consultiva es eso, una opinión, y nada más, [...] la que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos [a petición de Costa Rica al respecto del llamado matrimonio igualitario] no es obligatoria, a menos que el Estado determine que así debe ser".

 

La frase no fue pronunciada por alguno de los activistas profamilia que conforman la vasta marea de oposición ciudadana que se ha levantado frente a la tentativa de imponer en Latinoamérica, 'desde arriba' y por medio del activismo judicial, la legalización del 'matrimonio' entre personas del mismo sexo.

 

Son palabras del propio vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

 

El magistrado Eduardo Renato Vio Grossi las pronunció la noche del miércoles 14 de marzo en un conversatorio al que fue invitado por autoridades de la Universidad Católica de Costa Rica para explicar el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos.

 

Un académico que estuvo presente en el evento informó a D'Vox que las delaciones del juez surgieron a raíz de un cuestionamiento directo que le fue realizado al respecto del alcance y los límites de la opinión consultiva divulgada por el organismo el pasado 9 de enero.

 

La respuesta de Vio Grossi, según el testigo, fue comedida pero no dejó lugar a equívocos o ambigüedades. Reconoció que, aunque la mayoría de sus pares solicitó que los Estados de la región adecuen su ordenamiento jurídico para garantizar el llamado 'matrimonio igualitario', no existe ningún fundamento legal para ello pues no se trata de un 'fallo' de la Corte IDH. No es, por tanto, vinculante ni para el país que realizó la consulta y mucho menos para otros.

 

La afirmativa del juez contrasta con los esfuerzos desplegados por funcionarios de gobierno de diversas naciones del continente por presentar la manifestación del colegiado como vinculante, y coincide con las objeciones y cuestionamientos que han levantado cientos organizaciones ciudadanas.

 

Otra persona que también estuvo presente en el conversatorio detalló que el juez dijo que las opiniones contrarias a la legalización de las uniones homosexuales no fueron valoradas por la Corte porque sus miembros las consideraron "basadas en convicciones religiosas o filosóficas".

 

Aunque admitió que tales puntos de vista desempeñan un importante papel en la vida de las personas , alegó que no pueden ser usados como "parámetros de convencionalidad" ni como "guías interpretativas para determinar los derechos de los seres humanos".

 

Los apuntes de este segundo testigo fueron recogidos por Carlos Murillo-Castro en su blog. Horas antes, la principal declaración de Vio Grossi fue publicada, con una sola frase, en el perfil de Facebook de uno de los más antiguos medios de comunicación confesionales de Costa Rica.

 

Aunque la posición del actual vicepresidente de la Corte IDH no es novedosa, porque ya había sido expresada, de forma técnica, en su voto en noviembre del año pasado, es la primera vez que las manifiesta en público desde que asumió la vicepresidencia del órgano, en enero de este año, y van en dirección contraria a la de los gobiernos que han divulgado que "tienen que acatar" la resolución del Tribunal.

 

El jurista chileno, que se desempeña por segunda vez como miembro de la Corte, fue el único que durante la discusión del colegiado emitió un voto individual parcialmente disidente.

 

Concordó con sus pares que el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplaba las 'categorías de identidad de género y orientación sexual' al tratar de la no discriminación pero no aceptó que el Tribunal regional tuviera competencia para ordenar la modificación del orden jurídico de cada país.

 

En su voto se lee:

 

Primero, "la situación de las uniones entre personas del mismo sexo es un asunto que también queda en la esfera de la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva del Estado. Los Estados [...] pueden, unilateralmente, regular esa situación. El Derecho Internacional no se los impide".

 

"En segundo término - dice -, ello significa que los Estados pueden no contemplarla, es decir, de acuerdo al desarrollo actual del Derecho Internacional, no se incurriría en ilícito internacional en tal hipótesis".

 

"Y en tercer lugar - apunta -, el control de convencionalidad que eventualmente la Corte realice de los actos de los Estados relativos a esta cuestión, sea a modo preventivo por medio de una opinión consultiva, sea con carácter vinculante en virtud de una sentencia dictada en un caso contencioso, procedería solamente para aquellos [países] que regulan el vínculo entre personas del mismo sexo, a los efectos de determinar si dicha regulación afecta negativamente los derechos humanos".

 

Para Vio Grossi "ello significa que [el reconocimiento y regulación de estas uniones] no se le puede imponer a los Estados, vía jurisprudencial" y, menos aún, "a través de una opinión consultiva, que no es vinculante ni para el Estado que la formula ni menos todavía para los demás Estados".

 

[ D'Vox ]

 

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