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Los colombianos castigan a las FARC en las urnas. Sepa por qué.

14.03.2018

 

Las elecciones del pasado domingo 11 de marzo han dejado un mensaje muy claro para las FARC: si quieren insertarse en la vida democrática del país, los polémicos Acuerdos de La Habana no bastan.

 

En los primeros comicios en los que contiende el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la nueva cara de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el resultado fue - para la sigla - catastrófico: los colombianos le han dado un rotundo 'no'. De acuerdo con las cifras oficiales no consiguieron ni siquiera el uno por ciento de sufragios.

 

El preconteo del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría, con 99 por ciento de las mesas informadas, revela que obtuvieron 52 mil 539 votos para sus candidatos al Senado, lo que representa apenas 0.34 por ciento del total de los 17 millones 800 mil votantes.

 

Los resultados para la Cámara de Representantes son peores. Recibieron solo 32 mil 636 votos, o sea, 0.21 por ciento. Un verdadero naufragio. Con esos números, en condiciones normales, la sigla perdería su personería jurídica al no alcanzar el mínimo de 2 por ciento de los sufragios, y no tendrían derecho a ni un solo escaño para el Senado, por no rebasar el umbral del 3 por ciento; ni para la Cámara, por estar por abajo del 1.5 por ciento.

 

Sin embargo, las FARC no compitieron en condiciones normales. No serían privados de su personería jurídica y tendrán diez congresistas por ‘cortesía’ del presidente Juan Manuel Santos. Cinco senadores y cinco representantes.

 

El mandatario incluyó en los Acuerdos de La Habana, entre otras cosas, la garantía a los narcoterroristas de un mínimo de escaños en el Congreso, aunque no recibieran un solo voto, a cambio de deponer las armas.

 

El día de la elección, el mandatario mostró su beneplácito con la novel fuerza política. "Es la primera vez que en vez que las FARC en vez de sabotear las elecciones, están participando de ellas", dijo a periodistas luego de sufragar.

 

Algunos días antes de los comicios, en una entrevista con Actuall, Juan Guillermo Guarnizo, coordinador nacional de las Ferias 'Colombia Renace', un proyecto de acercamiento del Ejecutivo a las zonas más afectadas por el conflicto armado, dependiente de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, aseguró que “es mejor tener a las FARC defendiéndose con la palabra que con las armas”.

 

A pesar de la posición del gobierno, la sociedad colombina se encuentra dividida sobre la amnistía. Los Acuerdos de La Habana fueron firmados el 26 de septiembre de 2016. Un plebiscito realizado en octubre de ese año los rechazó: 50.21 por ciento votaron por el 'no'. Santos ignoró este resultado e impuso el pacto, haciendo uso de la amplia base de apoyo que tenía en el Congreso.

 

 

Gracias a ese tratado, costurado en Cuba bajo los cuidados de Raúl Castro, la organización narco-terrorista ahora tiene una "carta blanca", otorgada por el gobierno, para operar como fuerza política nacional, financiada con recursos públicos.

 

Además, sus líderes y miembros no serán juzgados en la justicia común por sus crímenes, no rendirán cuentas de los asesinatos, secuestros, actos terroristas o prácticas de narcotráfico perpetrados durante cinco décadas. Pasarán por un tribunal especial y también podrán ser juzgados miembros del Ejercito.

 

Tampoco se les podrá imputar públicamente su pasado criminal, una mordaza legal se ha impuesto a sus detractores. Las víctimas de la violencia han sido relegadas a segundo plano. Y, por si fuera poco, contarán con un fondo gubernamental para emprendimientos económicos.

 

Algo humillante para el colombiano común que no consigue olvidar el saldo que el conflicto armado dejó en cinco décadas: un millón de personas asesinadas, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas. Si se consideran además desapariciones, secuestros, violaciones, torturados y desplazados la cifra es impresionante: 8 millones.

 

Las FARC supuestamente entregaron las armas, pero la violencia continúa asolando algunas regiones del país. Deserciones y 'disidentes' están al orden del día. En julio del año pasado había un registro de por lo menos 800 militantes que se habían negado a entregar las armas, de un total de aproximadamente 8 mil. Y no están inactivos, continúan realizando atentados y dedicándose al narcotráfico. Hay quien sospecha que la 'nueva' FARC tiene un doble juego y no ha dejado el negocio.

 

La organización comunista declaró al gobierno que había amasado en 52 años de acción subversiva un patrimonio de 332 millones de dólares, a través de la industria del secuestro y de la producción y distribución de estupefacientes. Sin embargo, hay indicios de que gran parte del patrimonio de las FARC se mantiene oculto.

 

El ministerio público colombiano han identificado activos ligados a las FARC por un valor muy superior al declarado, como propiedades urbanas y ganado. Con base en cálculos realizados por InSight Crime entre 2015-2016, antes del desarme oficial, las ganancias anuales, derivadas de sus actividades ilegales pueden haber llegado a 580 millones de dólares.

 

Una vehemente opositora a la amnistía, en los términos y en la forma en la que se concretó, la senadora Paola Holguín, ha puesto el dedo en la llaga: "un flaco favor se le hace a la democracia permitiendo que narcotraficantes y terroristas, que no han pagado por sus crímenes, que no entregaron todas las armas ni todo el dinero, ahora lleguen con facilidad al Congreso de la República y puedan contender por la Presidencia".

 

Holguín fue reelecta para la Cámara Alta el pasado domingo 11 de marzo. Será, sin duda, una voz contundente que, en la próxima legislatura, impida a los cinco senadores de las FARC olvidar el mensaje que las urnas les lanzaron: están allí gracias a un impopular tratado impuesto por el presidente y no representan a nadie, ni siquiera al uno por ciento de los colombianos.

 

[ D'Vox ]

 

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