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'Señora vicepresidente, usted no es el Estado', dice la Alianza Panameña a la operadora de la agenda de 'género' del gobierno

23.01.2018

 

La tentativa de imponer la agenda de 'género' a los países de la región a través de una reciente 'opinión consultiva' de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya comenzó tener resonancia en Panamá y una de las principales alianzas ciudadanas de esa nación le ha atajado el camino.

 

Apenas una semana después de que el tribunal supranacional divulgó una opinión favorable al 'matrimonio' entre personas del mismo sexo y al cambio de nombre de 'transexuales', Isabel de Saint Malo, vicepresidente y canciller de Panamá, se apresuró a calificarla como "fallo vinculante", dijo que sería "acatado" e informó que ya lo estaba "circulando".

 

Las declaraciones de la funcionaria fueron dadas a los medios de comunicación nacionales el 16 de enero, luego de haber enviado copias de la 'opinión consultiva' a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Electoral, a la Asamblea Nacional de Panamá y a diversas instancias del Ejecutivo.

 

Como para justificarse, al día siguiente, publicó en su cuenta de Twitter: "como rectora de las relaciones internacionales, compete a la Cancillería, y a mí como canciller, comunicar decisiones de instancias internacionales a las instancias nacionales, para que lo valoren en el ámbito de su competencia a la luz de nuestra legislación".

 

 

Efectivamente, es una atribución de la Cancillería comunicar las decisiones de instancias internacionales para que los diversos órganos del Estado evalúen su incidencia nacional; sin embargo, la opinión de la Corte no es un fallo, ni es competencia de la canciller, o de quien ejerce la vicepresidencia, determinar si es vinculante o no, advierte la Alianza Panameña para la Vida y la Familia.

 

Esta plataforma ciudadana envió el 18 de enero una carta a la funcionaria objetando su activismo: no podemos quedarnos callados "frente a lo que parece ser, si no la intención del gobierno, la intención de algunos miembros de instituciones del Estado, como lo son usted, el defensor del pueblo y el procurador de la administración, de confundir a la ciudadania".

 

Firmada por el presidente de la Alianza, Juan Francisco de la Guardia Brin, la misiva se pregunta si la posición oficial de la cancillería, como órgano institucional, corresponde con las declaraciones de Saint Malo a los medios de comunicación, en las que, en vez de restringirse al cumplimiento de sus funciones emite un juicio sobre la validez local de la 'opinión' del tribunal.

 

"Usted [dice] que el fallo de la Corte Interamericana a favor del ‘matrimonio’ homosexual puede ayudar al gobierno a avanzar en la agenda de equidad y no discriminación y que es vinculante, [...] falla en el manejo de los conceptos; la opinión de la Corte no fue un fallo", indica la carta.

 

Y le cuestiona: "no sabemos si usted conoce a qué se obligó Panama al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 68 de ese documento señala: 'los Estados se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes'. Díganos, señora canciller, ¿en qué momento el Estado panameño ha pedido opinión, ha hecho consulta o ha sido demandado y condenado por la Corte IDH en temas de género?".

 

"Díganos, señora canciller, ¿desde cuándo la mera transmisión de una opinión implica vinculación? Díganos ¿en qué artículos [ del Pacto de San José ] sustenta usted su afirmación de qué la opinión vertida por la Corte IDH, a consulta realizada por Costa Rica, es vinculante para Panamá?", indaga.

 

La Alianza considera que con la llegada de Saint Malo al cargo, "la Cancillería parece más una sucursal de los organismos internacionales que una institución del Estado panameño." Y le pregunta: "¿cuándo la opinión de los panameños va a ser también vinculante para usted? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para sentirnos protegidos por un gobierno que parece trabajar más para los de afuera?"

 

En el texto, los miembros de la Alianza, subrayan que ya respetan y continuarán respetando "a todos los seres humanos sin importarnos ninguna de sus condiciones ni atributos como personas", pero advierten que no tienen "porque aceptar que nos impongan comportamientos, acciones o costumbres que atentan contra nuestros principios e idiosincrasia".

 

La última línea del texto lanza una dura amonestación a la canciller: "Recuerde: el Estado no es usted".

 

El documento fue recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 19 de enero. La funcionaria acusó el golpe el 23 de enero publicando, de nuevo, un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que parece que está justificándose y, a la vez, rectificando: "La Cancillería cumplió con su deber de remitir opinión de la Corte IDH sobre matrimonio igualitario a instancias competentes de la República de Panamá. La interpretación de la misma y aplicación a Panamá no es competencia del órgano Ejecutivo".

 

 

"Y, en efecto, no es una atribución del Ejecutivo interpretar la opinión de la Corte Interamericana, no 'acatarla' pasando encima de nuestro orden jurídico que tiene disposiciones muy claras sobre estos temas", señala a D'Vox De la Guardia Brin.

 

La Constitución, proclamada en 1972 y reformada en 2004, ofrece una protección especial al matrimonio y lo entiende, en el artículo 58, como unión conyugal de personas de sexo distinto. El Código de la Familia, vigente desde 1994, reconoce que la unión conyugal es realizada solo entre hombre y mujer.

 

Por su parte, el Código de Derecho Internacional Privado, aprobado en 2014, prohíbe el 'matrimonio' de personas del mismo sexo y considera fraude si un ciudadano panameño contrae en el exterior ese 'vinculo' para luego, retornado al país, demandar al gobierno por no reconocerlo.

 

"Tal normativa esta en consonancia con los valores que abraza el pueblo panameño, percibimos que hay una clara maniobra que instrumentaliza las cortes internacionales para imponer, con la ayuda de cómplices locales, una agenda ideológica ajena a nuestras comunidades", explica De la Guardia Brin.

 

Una encuesta de la empresa Dichter & Neira, publicada en abril del año pasado, reveló que 78 por ciento de los panameños son contrarios al reconocimiento legal de las uniones homosexuales y solo 16 por ciento son favorables.

 

La población se ha movilizado intensamente para manifestar su oposición al llamado 'matrimonio igualitario' y a la ideología de género, la más reciente marcha - convocada por las diversas organizaciones que integran la Alianza - aconteció en julio del año pasado y congregó a cientos de miles de personas.

 

A pesar de ello, el gobierno del presidente Juan Carlos Valera se ha obstinado en abrirle campo a la agenda de género a través del sistema educativo nacional y de reformas legales.

 

En este empeño, la vicepresidente, Isabel de Saint Malo, ha sido su principal operadora; una mujer que pasó de ser una virtual desconocida a la segunda persona al mando del país. Ella ha declarado que, a pesar de su escasa visibilidad precedente, "lo que hago ahora no es ajeno a mi trayectoria; lo que es ajeno es hacerlo en el escenario político".

 

Desde su llegada al gobierno se manifestó abiertamente a favor del las uniones homosexuales: “todos debemos tener opción de unir nuestra vida a un ser querido; la orientación sexual no se escoge, se nace con ella”. Y se ha dedicado a tornarlas una realidad en el país. 

 

De San Malo realizó estudios de relaciones internacionales en la Universidad de Saint Joseph's, en Pensilvania, Estados Unidos; trabajó en el Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas, una organización global de agenda progresista con sede en Washington, se incorporó luego a la diplomacia panameña en la ONU, y de 1994 a 2008 fue la gerente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su país.

 

Es una mujer que conoce los engranajes del sistema global y sus mecanismos de articulación con los gobiernos locales. Un currículo que parece confirmar el reproche que la Alianza ha lanzado a la funcionaria: "la Cancillería parece más una sucursal de los organismos internacionales que una institución del Estado panameño".

 

Usted puede leer aquí la carta completa que la Alianza Panameña por la Vida y la Familia le envió a la vicepresidente

 

[ D'Vox ]

 

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