Evo Morales se dobla: revocará el nuevo código penal


El presidente de Bolivia, Evo Morales, terminó doblándose ante la intensa presión ejercida por los más diversos sectores de población contrarios a la implementación del nuevo Código Penal en el país. Después de casi dos meses de protestas, el mandatario comunicó este domingo, 21 de enero, que lo revocará.

En un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter informó: "Hemos decidido abrogar el Código del Sistema Penal para evitar confusiones y que la derecha deje de conspirar y no tenga argumentos para generar desestabilización en el país, con desinformación y mentiras. Enviaremos una carta a la Asamblea Legislativa en los próximos días".

Pocas horas antes, en una entrevista con la cadena estatal Bolivia TV, Morales aseguró que todas las críticas al Código son infundadas, dijo que se 'contaminó' a la población con falsedades, que la 'socialización' del proyecto fue insuficiente y que por eso, "lamentablemente ganó la mentira y la desinformación".

La conversación, en un programa matinal de 30 minutos, tendría como objetivo declarado evaluar los doce años de gobierno del socialista, pero dedicaron dos tercios del tiempo para hablar sobre la resistencia que hay a aceptar el Código Penal, que el político atribuye a una "conspiración que la derecha" le montó.

Reconoció que recibió llamadas telefónicas de "compañeros militantes y de sectores sociales" que, preocupados con las protestas, le pidieron dar marcha atrás, para no "hacerle el juego" a la derecha ni "darle argumentos" para desestabilizar su gobierno.

"Entonces lo que yo quiero decirles, [...] es que vine acá para informar al pueblo boliviano que, tomando en cuenta las opiniones de los compañeros, que son dirigentes bien comprometidos, del 'pueblo, pueblo', decidí abrogar totalmente el Nuevo Código del Sistema Penal", dijo ante los conductores del programa.

La nueva normativa fue aprobada en diciembre del año pasado, a propuesta del gobierno, y establece entre otras cosas la despenalización del aborto en ocho causales (artículo 157), incluídos, por ejemplo, si la mujer es una estudiante o si tiene como dependientes a ancianos; y torna delito, homologado a la trata de personas, el "reclutamiento de personas" en organizaciones religiosas o de culto (artículo 88).

Criminaliza acciones de personas y grupos que "se alcen públicamente y en abierta hostilidad" contra funcionarios o se "opongan al cumplimiento de leyes o decretos", o practiquen algún "acto de odio" contra alguna autoridad (artículo 293); también considera delito "atribuirse los derechos del pueblo" (artículo 294).

Los daños a la salud derivadas de una mala práctica por parte de médicos (artículo 205) y el homicidio culposo causado por transportistas (137) son sancionados con penas que, según estos sectores, inviabiliza su practica profesional. Otros artículos también son criticados por debilitar la seguridad jurídica de la población.

Desde su tramitación en el Legislativo, diversos sectores de la población objetaron algunos artículos pero fueron poco escuchados, con la aprobación del texto se lanzaron a las calles a manifestar su repudio. A pesar de que el gobierno asegura que se trata de un complot de la "derecha", quien colocó en jaque al gobierno fueron organizaciones muy heterogéneas como la Central Obrera Boliviana - el principal sindicato de país -, la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional y la Plataforma por la Vida y la Familia.

También la Federación Sindical de Trabajadores en Salud, la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, la Confederación del Transporte Pesado, la Cámara Nacional de Comercio, la Universidad Mayor de San Simón, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, la Federación del Magisterio Urbano, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Universidad Pública de El Alto.

Así como la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Federación de Juntas Vecinales de la Zona Sur de La Paz, la Confederación de Docentes Universitarios de Bolivia, Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, entre otros. Una amplia gama de entidades con verdadera representatividad social que dificilmente podrían ser aglutinados en un bloque considerado sólo de "derecha".

Las primeras protestas que emplazaron al gobierno socialista comenzaron con los médicos y los transportistas, sin embargo, al parecer, fue la impresionante movilización masiva de católicos y evangélicos, acontecida sobre todo durante las últimas semanas, la que colocó contra las cuerdas al presidente.

Además del rechazo a por lo menos 15 artículos del Código Penal, un factor que alimenta la polarización de la población es la intención de Evo Morales de reelegirse nuevamente, después de 12 años de gobierno, a pesar del rechazo formal de le han expresado los bolivianos en las elecciones judiciales del año pasado.

La Asamblea Legislativa Plurinacional colocó para el martes 23 de enero en pauta la discusión sobre la abrogación del Código del Sistema Penal. Según notificó, es asunto prioritario de su segunda sesión del año. El gobierno cuenta con la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara.

Si los asambleístas revocan la ley que aprueba el Código, tendremos un indicio claro de que, realmente, la presión ciudadana dobló a Evo Morales; si deciden mantenerla en vigor, aún con la promesa de modificarla, podrá asumirse que la "marcha atrás" del mandatario fue solo una jugada política para transferir al Legislativo el desgaste que hasta ahora ha sufrido.

[ D'Vox ]

Términos del Servicio | Política de Privacidad

CR| opn: