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Chile: ¿después del aborto qué? 'matrimonio' igualitario y niños 'trans'

28.08.2017

 

La presidente Michelle Bachelet pretende pasar a la historia como la mujer que colocó las bases para un amplio proceso de ingeniería social en Chile.

 

Consiguió aprobar el aborto en un país donde dicha práctica era reconocida crimen en cualquier circunstancia y ahora va por más: pretende legalizar el llamado "matrimonio igualitario", el reconocimiento jurídico de la institución del matrimonio, con todos suis derechos y deberes, a la unión de dos personas, independientemente de cual sea su sexo.

 

Y también quiere establecer "derechos de identidad" para los "niños transgénero", que en realidad son menores con transtornos de identidad sexual, entre las que puede estar la disforia de género. 

 

Faltan poco más de seis meses para que la socialista concluya su segundo mandato y parece estar empeñada en que todas sus reformas sean aprobadas o, por lo menos, que queden "encaminadas" antes de transferir la banda presidencial.

 

El pasado 1 de julio anunció que enviaría al Congreso el proyecto de ley para el "matrimonio igualitario" durante el segundo semestre del año. Lo ha hecho ya, firmando el texto en un acto público en el Palacio de La Moneda, éste lunes 28 de agosto, apenas una semana después de que el Tribunal Constitucional avalara su ley del aborto en tres causales.

 

El proyecto de ley modifica el ordenamiento jurídico del país para que sea considerado como matrimonio no la unión conyugal de un hombre y una mujer, sino la unión de dos personas, posibilita la adopción y la filiación "homoparental", y elimina la conducta homosexual como causal de divórcio.

 

Durante su segundo gobierno, iniciado en marzo de 2014 y en tan solo cuatro años, Bachelet consiguió implementar una agenda progresista radical que no había consiguió operar durante su primer mandato, de 2006 a 2010: ideologia de género, aborto, uniones homosexuales.

 

El primer paso fue la unión civil homosexual.

 

Con el beneplácito del lobby gay, Bachelet, promulgó el 13 de abril de 2015, una ley que creó el Acuerdo de Unión Civil (AUC) dando reconocimiento jurídico a las parejas homosexuales que conviven. Casi todos los derechos que un matrimonio tiene ante la ley fueron atribuidos también a la convivencia homosexual. Sólo algunos quedaron fuera, como la posibilidad de adopción.

 

La ley era un deseo frustrado de Bachelet en su primer gobierno y que consiguió materializar gracias al amplio apoyo que consiguió articular, con ayuda de la Democracia Cristiana, en el Congreso, que la aprobó en enero de ese año.

 

Tan sólo dos días después de la promugación, dio ‘un paso’ más, integrando una Mesa Interministerial para tornar realidad el llamado ‘matrimonio igualitario’ en el país. El órgano fue integrado por representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la Secretaría General de Gobierno, de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Salud, de Educación, de la Mujer y de Desarrollo Social.

 

Por parte de la sociedad civil fueron integrados sólo los dirigentes y abogados del Movilh. La constitución de un órgano así es inédito en la historia democrática del país. Seis ministerios y una ‘ong‘ que marca la pauta.

 

El gobierno argumentó, en su momento, que esta configuración está justificada por la naturaleza del órgano. Hernán Quezada, director de Derechos Humanos de la Cancillería chilena, afirmó que era un ‘espacio de diálogo’ para encontrar una salida ‘amistosa’ a una demanda que Movilh había presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIH) contra el Estado chileno durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

 

Fue protocolada el 15 de mayo de 2012, luego de que el 4 de abril de ese año la Corte Suprema rechazara un recurso de tres parejas homosexuales a quienes el Registro Civil se negó a ‘casar’ por no existir en la legislación tal posibilidad.

 

Con la entrada al gobierno de la socialista Bachelet, el Movilh, apoyado por otras organizaciones LGBT, decidió mantener la demanda, ofreciendo al Ejecutivo un motivo ‘legal’ para mantener ese tema en pauta, junto a un amplio abanico de reivindicaciones.

 

Una agenda que se ha ido concretando paso a paso

 

Cuando el organismo fue creado, tanto el Movilh como la organización LGBT Iguales, informaron que, además del ‘matrimonio igualitario’, pretendían también conseguir  la creación de una ‘ley de identidad de género’; la modificación de la actual ‘ley antidiscriminación’, para poder catalogar la ‘homofobia’ como crimen; y la adecuación del sistema educación para que integre la perspectiva de género desde la instrucción infantil.

 

Pues bien, Bachelet les ofreció un mecanismo adecuado para impulsar con agilidad lo que Luis Larraín, presidente de Iguales, llamó de “agenda ambiciosa”. Pero dando un paso por vez, lo no siempre agradó al lobby LGBT.

 

Bachelet lo tenía claro desde el inicio. En agosto de 2013, aún como candidata su segundo mandato presidencial, en un discurso a organizaciones LGBT afirmó: “yo soy partidaria del matrimonio igualitario”, pero éste, “aunque imprescindible, no es suficiente”.

 

El Estado debe garantizar un trato igualitario en todas las áreas, promoviendo “activamente desde la infancia” una cultura que reconozca y acepte las diferencias género como constitutivas de la sociedad, pero no se puede conseguir todo de un sólo golpe.

 

Cuatro años después, en la firma oficial de la iniciativa para el "matrimonio" entre personas del mismo sexo, Bachelet dijo en tono casi triunfal: "cada uno de estos pasos, en su momento, fue resistido por distintos sectores", pero han fracasado, "negar la igualdad de derechos para todos es mucho más que anacrónico, es derechamente inexcusable".

 

Hoy, a pocos meses de concluir el mandato presidencial, y gracias a la base aliada aliada del gobierno, en la que esta contemplada la Democracia Cristiana, el lobby LGBT tiene en proceso legislativo todo lo que pidió.

 

Una iniciativa de ley del "matrimonio igualitario", recién enviada, y tres proyectos de ley tramitando a todo vapor: el de "identidad de género", el que criminaliza la supuesta "homofobia"; y uno que determina en la practica que niños que padecen disforia de género u otros trastornos de identidad sexual sean tratados como "niños trans" en las escuelas.

 

Adoctrinando a través de la educación infantil

 

Por su parte el Ministerio de Educación, por disposiciones de la mandataria, se ha empeñado sistemáticamente, y de forma mucho más clara y radical en el ultimo año y medio, para imponer la ideología de género en el sistema educativo, tal como lo había solicitado el lobby LGBT en 2015.

 

Además de contenidos que desconstruyen la identidad de niños y adolescentes en las instituciones de educación pública, el organismo estatal ordenó a los directores de todos los colegios del país que registren el "nombre social" de los alumnos que lo soliciten, reconozcan su "derecho" a usar el uniforme, ropa y accesorios que consideren adecuados a su "identidad de género” e instalen “baños inclusivos”.

 

Las escuelas están obligadas "promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo” sobre cuestiones de género a toda la comunidad educativa: profesores, funcionarios, padres y alumnos. No cumplir las directrices, según el ministerio, “constituye una infracción de suma gravedad”.

 

Por orden de Bachelet, primera presidente de ONU Mujeres, la Superintendencia de Educación también publicó las “Orientaciones para la Inclusión de Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex” con el objetivo de “apoyar el desarrollo de prácticas respetuosas e inclusivas” al interior de los establecimientos.

 

El texto orienta a los profesores, por ejemplo, a "transversalizar en el currículum educativo" las cuestiones de género, de tal forma que sean tratadas en diversas disciplinas, asegurar el uso del lenguaje inclusivo y celebrar con los niños y adolescentes los días relevantes para las personas LGBT.

 

Estas acciones del gobierno han enfrentado una amplia resistencia por parte de los padres de familia que han comenzado a organizarse presentándose como "padres y madres objetores", que están siendo sistemáticamente ignorados por la administración Bachelet. 

 

La última carta de su "legado progresista"

 

El envío de la iniciativa de ley para el "matrimonio" homosexual representa, de alguna forma, la última carta del "legado progresista" que deja Bachelet. Con el cierra en paquete de "reformas" que están orientadas a reconfigurar el rostro del país.

 

De ser uno de los pocos países donde el derecho a la vida y la institución familiar permanecían ampliamente protegidos en su ordenamiento jurídico, en menos de cuatro años la socialista consiguió demoler parte de ese sistema y reconfigurarlo. Esta dejando"encaminados" en el Legislativo los proyectos de ley que no consiguió aprobar antes.

 

Considerando los tiempos reglamentarios del proceso legislativo chileno, difícilmente los proyectos "encaminados" serán discutidos, votados y aprobados antes de que entregue la presidencia. La iniciativa del aborto por tres causales llevó dos años para ser aprobada, con todo y que el gobierno la pautó como iniciativa de urgencia.

 

La prisa de Bachelet para dejar todo "encaminado" parece estar pautada por un hecho de que el panorama electoral no es promisorio para la izquierda chilena. La candidatura del ex presidente Sebastián Piñera les amenaza. Evidentemente que, también, la agenda progresista será utilizada a su favor para polarizar la elección en un país.

 

¿Qué sigue? "Niños trans"

 

En esa ecuación política, la presidente, que recibió el pasado 28 de marzo de la ONU el título de "Campeona Internacional de Género", quiere cerrar la cuenta y pasar a la historia como la mujer que transformó el rostro de Chile.

 

El debate ahora, además del matrimonio igualitario, se centrará en los niños que padecen disforia de género u otros trastornos de identidad sexual, y que están siendo presentados, sin ninguna base científica, como "niños transgénero".

 

Tanto la "ley de identidad de género" como una iniciativa que modifica el artículo 28 de la Ley de Educación, que ya tramitan en el Legislativo, serán usadas para mantener vivo el debate en los próximos meses.

 

La propuesta de cambio a la Ley de Educación determina que en “la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan” apreciar sus "capacidades y características personales, así como también su identidad de género”.

 

Con ella se pretende asegurar que la perspectiva ideológica de género sea tratada desde la más tierna edad en el ámbito escolar y "naturalizar" " los niños y niñas "transexuales", que en realidad padecen "disforia de género" o presentan otros cuadros clínicos relacionados a trastornos de identidad sexual.

 

Uno de los promotores de la iniciativa es el candidato a la presidencia del oficialismo: el parlamentario Alejandro Guillier.

 

[D'Vox]

 

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