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Santos es imputado por corrupción y se muestra incapaz de controlar a las FARC

27.07.2017

 

El juego doble de Juan Manuel Santos comienza a caer. El hombre “de manos limpias” que ganó el premio Nobel de la Paz por haber desarmado a las FARC ni tiene las manos tan limpias ni desarmó realmente a la guerrilla.

 

Santos es acusado por la Procuraduría por corrupción y a cada día crece el número de guerrilleros que se niega a entregar las armas. La imagen que Santos construyó de sí a costa de impunidad comienza a derruirse a menos de una año de las próximas elecciones presidenciales.

 

Santos se suma a la vergonzosa lista de mandatarios latinoamericanos manchados por la inmensa red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

 

La Procuraduría de Colombia entregó el 14 de julio al Consejo Nacional Electoral una acusación que imputa al presidente Santos y su opositor, Óscar Iván Zuluaga, actos de corrupción.

 

De acuerdo con la denuncia los dos candidatos recibieron dinero ilegal de la empresa brasileña en la campaña electoral de 2014. Santos utilizó por lo menos 1 millón de dólares de propina en su última campaña. Aún no se ha divulgado aún cuanto recibió Zuluaga.

 

Cuando Santos supo que estaba siendo investigado, en marzo, dijo que no tenía conocimiento de la “donación”, culpó a su jefe de campaña Roberto Prieto.

 

Además tuvo el descaro de diferenciar entre el dinero no declarado a la justicia electoral (la llamada “caja dos”) y el soborno para obtener beneficios. Esta última, según el mandatario, es “corrupción más grave”.

 

El problema es que, según el juez brasileño Sergio Moro, responsable por los procesos de la operación anticorrupción denominada “Lava Jato”, parte del modus operandi de la Odebrech era precisamente alimentar la “caja dos” de políticos en campaña a cambio de trato diferenciado en licitaciones y negocios.

 

La afirmación de Moro esta basada en las propias declaraciones a la justicia brasileña de Marcelo Odebrecht, presidente de la mayor constructora de Latinoamérica.

 

Según el procurador general Néstor Martínez, el dinero abría sido recibido por el ex senador Otto Bula, preso el 14 de enero bajo la acusación de operar al servicio de la empresa para beneficiarla con financiamientos y obras públicas.

 

Bula habría recibido 4 millones y medio de dólares y repasado ese dinero en fracciones a diversos políticos, incluyendo 1 millón destinado a la campaña electoral, que según la legislación nacional, sólo puede operar con un fondo de partido declarado a la Justicia.

 

De acuerdo con la fiscalía están siendo investigadas otras irregularidades de la constructora en el gobierno de Santos. El “hoyo” es, por tanto, mucho más profundo.

 

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el grupo Odebrecht pagó por lo menos 599 millones de dólares en sobornos a servidores públicos y políticos brasileños y más de 439 millones en otros once países.

 

La constructora es acusada de establecer una red de corrupción desde Brasil y que envuelve a Argentina, Colômbia, El Salvador, Equador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

 

Por otro lado, la “obra maestra” de Santos, el llamado “proceso de paz”, esta comenzando a evidenciar su fragilidad.

 

Las deserciones en las FARC están al orden del día. Hasta el pasado 10 de julio hay registro de por lo menos 800 militantes, entre desertores y disidentes, que se han negado a entregar las armas.

 

Y no están inactivos. El domingo 9 de julio realizaron un atentado en el departamento de Guaviare, región centro sur del país, dejando a cuatro civiles y dos soldados heridos.

 

El cuadro se agrava si se tiene en cuenta que, como han denunciado diversos organismos internacionales, el Ejército colombiano no controla las zonas del país “dejadas” por las FARC. Son zonas sin ley.

 

La organización terrorista cuenta aproximadamente 10 mil integrantes y no hay hasta el momento datos confiables de cuantos realmente han concordado con deponer las armas.

 

Uno de los dirigente de las FARC, que utiliza el pseudónimo Andrés París, declaró recientemente que a cada día que pasa “los enemigos de la paz se hacen más fuertes”.

 

Los líderes de las FARC o son incapaces de controlar a sus miembros o están operando intencionalmente un juego peligroso que dejará a una facción de la organización en armas para poder presionar al Estado colombiano toda vez que lo requieran.

 

Cabe señalar que el “proceso de paz” de Santos otorga impunidad absoluta a los crímenes cometidos por la organización narco-terrorista, les incorpora a la vida publica como partido político con un millonario financiamiento público y prohibe cualquier tipo de crítica que les vincule con su “pasado” ilegal, entre otras cosas.

 

Por ello, los acuerdos de Santos con las FRAC, intermediados por Cuba, fueron rechazados en un referéndum en el que participaron 14 millones de colombianos en octubre del año pasado.

 

El 50.21% de los votantes dijo ‘no’ a los textos negociados durante cuatro años en La Habana. No fue un ‘no’ a la paz, si no un ‘no’ a los acuerdos que protegen y arropan a las FARC.

 

El "demócrata" Santos incumpliendo su palabra ignoró el resultado de la consulta y la siguiente semana firmó los acuerdos. Desde entonces, el proceso establecido para concretarlos ha sido accidentado.

 

La imagen de Santos como “hombre de manos limpias” y “estadista de la paz” podría rapidamente venirse abajo si el número de “rebeldes” de las FARC crece y si la justicia venezolana actua con verdadera imparcialidad y autonomía.

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